Manuel Peris, un luchador por la independencia de la justicia

El viernes pasado, 24 de agosto, de madrugada y a los 85 años de edad, nos dejó para siempre Manuel Peris Gómez. Hacía alrededor de dos meses que se encontraba afectado de una enfermedad pulmonar, pero la verdad es que quienes le conocíamos y podíamos hablar con él de vez en cuando no nos imaginábamos un desenlace tan rápido.

Fue tan intensa su presencia e influencia en la organización y configuración de la justicia en España en los últimos tiempos de la dictadura y en la Transición, que imaginábamos nos acompañaría muchos años más. Su lucidez, mantenida hasta el último momento, y su actualizado conocimiento y preocupación por la protección de los derechos humanos y libertades públicas avalaban esta convicción. Pero no ha podido ser así y hoy nos corresponde afrontar esta penosa realidad y rendir a su recuerdo el reconocimiento, más que merecido, por toda una vida dedicada a hacer efectiva la garantía de aquellos derechos y libertades como elemento básico del Estado de derecho, según está admitido desde los albores del Estado constitucional.

Manuel Peris, en efecto, fue uno de los principales impulsores del movimiento judicial contra el régimen de privación de libertades que significó la dictadura franquista. Este movimiento, que después cristalizaría en Justicia Democrática, se inició en Barcelona, de cuya Audiencia Provincial era Peris magistrado, en 1968, se organizó en el ámbito judicial de la misma ciudad y en Madrid a partir de 1970 y comenzó su actuación en 1972. Lo integraron un al principio corto y después nutrido número de jueces, fiscales y secretarios judiciales que, con considerable riesgo personal y profesional, acometieron un decidido posicionamiento, con trascendencia en el ámbito jurisdiccional de cada uno, en defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Ha de tenerse en cuenta que Manuel Peris y quienes con él integraron el movimiento de Justicia Democrática tenían en contra no solo el desarrollo de su actividad jurisdiccional o parajurisdiccional en un régimen político, como he dicho antes, de privación de libertades, sino que tuvieron que luchar con un Código Penal que castigaba precisamente, como delitos contra la seguridad interior del Estado, el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales por los ciudadanos. Y no solo eso, sino que también una intitulada Ley de Orden Público y un Tribunal del mismo nombre cerraban el cerco a la posibilidad ciudadana del citado ejercicio. Por eso, la actividad desarrollada por Justicia Democrática al analizar y publicar —clandestinamente, porque, como es obvio, no había otra forma de hacerlo— la situación y estado de la justicia entre los años 1971 y 1975 revistió una importancia de primer orden.

En estos escritos, que pudieron publicarse en 1977 (Los Jueces contra la Dictadura, editorial Tucar), se denunciaba la falta de independencia judicial para enjuiciar jurisdiccionalmente lo que entonces se conceptuaba como delito o infracción administrativa (Ley de Orden Público) y que en realidad no era otra cosa, como he dicho antes, que el ejercicio de derechos y libertades reconocidos en cualquier país democrático y en instrumentos internacionales (vgr, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la ONU, de 1948 y, en nuestro entorno europeo, en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, hecho en Roma en 1950). En todos ellos —en los aludidos escritos—, la influencia de Manuel Peris, que fue alma de Justicia Democrática en Valencia y en Madrid, fue decisiva. En realidad, su contenido responde plenamente a la obra que publicó en 1976 (Juez, Estado y Derechos Humanos, Ed. F. Torres), un completo estudio sobre la posición del juez en la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales y libertades públicas como pieza esencial del Estado de derecho. Por eso fue muy oportuno el reconocimiento a toda esta intensa labor de que fue objeto en el último congreso de la asociación Jueces para la Democracia, celebrado en Valencia el 31 de mayo pasado.

No puede olvidarse su destacada labor como vicepresidente de 1985 a 1990, en el segundo Consejo General del Poder Judicial de la democracia, que presidiera el ilustre catedrático Antonio Hernández Gil. Su actividad y la auténtica defensa de la independencia judicial y de la operatividad de la justicia, con planes de ayuda que se hicieron efectivos y con la creación y dotación de órganos de apoyo, dejaron profunda huella. Tampoco su actuación como juez y magistrado. En todos los órganos jurisdiccionales en que estuvo destinado (juzgados de Chelva, Álora, Alzira, Nules y juez decano de los juzgados de Valencia y Audiencia Territorial de Valencia y, tras su vicepresidencia en el Consejo, Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) quedó la impronta de su buen hacer profesional. Su prestigio como magistrado fue reconocido por la fina y directa percepción de los asuntos sometidos a su consideración y por la calidad de la doctrina sentada en sus sentencias.

Pero no solo se nos ha ido con su muerte un fino jurista, un excelente magistrado, un luchador por la libertad y los derechos de los ciudadanos, un auténtico intelectual de izquierdas y claro renovador de la justicia, en el mejor sentido de potenciar su independencia y operatividad, sino también un hombre de gran cultura, con una bien conocida devoción por la música clásica —de la que era un experto conocedor, y lo saben bien en la Sociedad Filarmónica de Valencia, de la que fue presidente—, por la historia, la poesía y la literatura e, igualmente, un hombre sencillo —lo más opuesto a la soberbia—, un hombre generoso y bueno y, en definitiva, una gran persona.

Pascual Sala Sánchez es presidente del Tribunal Constitucional.