Bolinaga enfrenta a Interior con la fiscalía

Cuando el camino parecía allanado para liberar al etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga —secuestrador de José Antonio Ortega Lara e ingresado ahora en el hospital Donostia de San Sebastián con un cáncer terminal y en huelga de hambre para exigir su excarcelación—, llegó la fiscalía de la Audiencia Nacional y opuso objeciones de forma a la solución de esta crisis, que dura ya casi 20 días. El fiscal jefe de ese tribunal, Javier Zaragoza, considera que el informe sobre el estado de salud del preso elaborado por el centro médico en el que se le trata, que certifica su extrema gravedad, no es adecuado. Que no basta con que esté firmado por la “comisión médica” del centro, sino que sus miembros deben aparecer identificados. La posición de la fiscalía originó un conflicto con Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, que, basándose en ese mismo informe, concedió el viernes pasado el tercer grado penitenciario a Bolinaga y aconsejó su salida “por razones humanitarias”.

El informe del hospital, elaborado el jueves por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en funciones de Vigilancia Penitenciaria, certificaba el escaso pronóstico de supervivencia del etarra. “Si nos basamos en la literatura científica”, decían los médicos, “con la máxima probabilidad, el proceso [de Uribetxeberria] es irreversible e incurable”. “En esta situación clínica”, continuaba, “más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueve meses. Y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%”.

Ese documento, válido para Prisiones, es, sin embargo, insuficiente para la fiscalía de la Audiencia. Fuentes de ese organismo aseguraron ayer que solicitarán al juez Ismael Moreno, en funciones de Vigilancia esta semana, que pida una ampliación al centro médico. Lo que falta en el documento enviado el jueves, según la fiscalía, es “el historial clínico” del recluso y “sus antecedentes médicos”. El informe se entregó firmado por “la comisión médica”, lo que para el Ministerio Público es también un defecto. Exige que aparezcan los nombres, números de colegiado y especialidades de cada uno de los facultativos que la integran.

Fuentes de la fiscalía aseguraron, además, que hasta ayer no se había recibido en el tribunal la iniciación del expediente de libertad condicional del etarra que debe redactar Instituciones Penitenciarias. También recordaron que, además de esos dos requisitos —un informe completo del hospital y la apertura del expediente—, los forenses de la Audiencia deben aportar otro sobre si el tratamiento que necesita el interno puede o no ser dispensado en prisión. La forense de guardia esta semana, Carmen Baena, cree que no es posible elaborarlo con los datos enviados por el hospital.

Así pues, en la visión del fiscal, la solución del conflicto —agravado por las huelgas de hambre más o menos ficticias de otros presos de ETA— no parece que vaya a ser tan rápida como auguraba el Gobierno la pasada semana. El Ministerio Público cree que pasarán entre 10 y 20 días antes de que toda esa documentación —nuevo informe del hospital, el de los forenses y el expediente de libertad condicional— llegue al juzgado de Moreno y la fiscalía pueda posicionarse a favor o en contra de la libertad. Con el expediente y esos documentos, el juez tomará la decisión que, en las previsiones de Zaragoza, podría no llegar hasta septiembre.

Las objeciones de la fiscalía y su pronóstico de que la salida del preso se retrasará causaron sorpresa y hasta enfado en Interior, el ministerio del que depende Instituciones Penitenciarias. Hasta tal punto que, en horas, aceleraron las gestiones para adelantarse, neutralizar esos reparos y aportar al juzgado los datos sobre los médicos que reclamaba Zaragoza junto a su propuesta de libertad condicional. Estaba previsto que llegara a la Audiencia anoche o a primera hora de esta mañana.

En su expediente para la excarcelación del etarra —elaborado por la Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa, de la que depende el interno desde que fuera trasladado allí para su tratamiento— Prisiones ya aporta un informe complementario de la Consejería de Salud del Gobierno vasco en el que se incluyen los nombres de los integrantes de la comisión médica del hospital Donostia, como exigía el fiscal. Sus miembros se negaron a firmarlo individualmente para no convertirse en objeto de críticas por sectores contrarios a la libertad condicional.

El expediente debe pronunciarse también sobre el pronóstico de reinserción del etarra, pero el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ya adelantó en una entrevista el domingo en EL PAÍS que “es difícil que, por la enfermedad y por la coyuntura de este recluso, vaya a reincidir”. “Estamos aplicando los principios humanitarios de nuestras leyes y de la jurisprudencia constitucional”, se defendió.

Pero además, la libertad condicional de Uribetxeberria Bolinaga, en prisión desde 1997, estará sujeta a severas normas de conducta cuando se apruebe. Una vez fuera no podrá acercarse a las víctimas ni a sus familiares y deberá pedir permiso si quiere desplazarse de la localidad en la que resida. Al promoverlo al tercer grado, Prisiones pidió también que se le impidiera acudir a actos que legitimen la violencia.

No es la primera vez que el Gobierno del PP y la fiscalía chocan por la libertad de un etarra. El pasado mayo, el Ministerio Público recurrió y suspendió la salida de dos presos de la vía Nanclares, desvinculados de ETA, para que se les prohibiera acudir a Bilbao. Prisiones no había propuesto en ese caso ninguna regla de conducta. Ni tampoco lo había hecho el propio fiscal en los permisos y semilibertades que se les habían concedido antes de alcanzar la condicional.