Pascual Sala defiende el Constitucional de las acusaciones de parcialidad

El Tribunal Constitucional es independiente, “no es un político, ni politizado, ni integrado por políticos, dicho sea con el mayor respeto hacia la nobleza de la política como profesión en tanto que dirigida a la satisfacción del interés general y a la consecución del bien común”. Esta introducción del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, del discurso pronunciado tras la toma de posesión de sus cuatro nuevos miembros, sirvió para hacer una defensa ante los ataques que recibe según gusten o no sus resoluciones. “El Tribunal Constitucional cumple su función con arreglo a estrictos criterios jurídico-constitucionales y no de conveniencia u oportunidad política. En definitiva, si juzga de controversias políticas, lo hace, como decía su segundo Presidente, Francisco Tomás y Valiente, con criterios y razones jurídicas”. Más aclaraciones para llegar al centro de preocupación de Sala.

“Las críticas a sus resoluciones no solo convenientes, sino absolutamente necesarias, como las de cualquier acto de poder en una democracia –y las Sentencias de los tribunales y por supuesto las del Tribunal Constitucional lo son-, se ha de producir en función de su fundamentación y sin que pueda confundirse con la descalificación o el menosprecio institucional cuando no se conformen con las propias convicciones políticas o incluso con interpretaciones subjetivas y personales de criterios políticos aparentemente generales”. En fuentes del alto tribunal se reconoce que el presidente responde implícitamente a las observaciones críticas de la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que abogó por “la disolución” del Tribunal Constitucional, al considerarlo un tribunal “político” después de que decidiera avalar la legalidad de Sortu, en contra el criterio del Tribunal Supremo.

“Si se descalifica o menosprecia al Tribunal en vez de criticar fundadamente sus decisiones, se hace un grave daño, muchas veces irreparable a una institución básica en nuestro Estado de Derecho y garantía última de la prevalencia y efectividad de la Constitución”, apostilló Sala.

Ahora bien, ante los cuatro nuevos magistrados Andrés Ollero y Juan José González Rivas (propuestos por el PP) y Encarnación Roca y Fernando Valdés (del PSOE ), Pascual Sala se refirió a los problemas “por el incumplimiento de los plazos previstos expresamente por la Constitución” para la provisión de puestos. El retraso en los nombramientos por el bloqueo en las negociaciones del PP y del PSOE se remonta a 2008 en un caso y a 2010 en los otros tres. Todos los presidentes sin excepción, también Pascual Sala, lo han denunciado “con contundencia”, recordó el actual presidente.