El ‘código Gallardón’ impone la libertad vigilada a los expresos peligrosos

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana el anteproyecto de ley orgánica que modifica el Código Penal promulgado en 1995. El Gobierno de Mariano Rajoy impone así mano dura para determinados delitos y para los autores de los mismos, cumpliendo algunos de sus compromisos electorales. La reforma proyectada por el Ejecutivo afecta a más de 100 artículos de los más de 600 que componen el Código Penal hoy en vigor, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. La revisión de las penas actuales se articula a través de tres elementos: la incorporación de la prisión permanente revisable, reservada a los supuestos más graves de terrorismo; la ampliación del ámbito de aplicación de la libertad vigilada e implantación de la figura de la “custodia de seguridad” que puede ser impuesta a delincuentes reincidentes peligrosos, y la revisión de la regulación del delito continuado.

En la práctica, estos abstrusos conceptos jurídicos suponen un endurecimiento de las penas y los controles sobre terroristas, delincuentes sexuales y maleantes habituales y multirreincidentes.

A la vez, la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, elimina de un plumazo todo el catálogo de faltas —asuntos menores que recargan de trabajo los juzgados y tribunales— sin que eso signifique que vayan a quedar impunes; por ejemplo, la actividad de los carteristas. Hechos menores como los hurtos serán castigados por vía administrativa, pero por contra podrán ser penadas hasta con cuatro años de prisión las bandas profesionales que roban carteras.

La prisión permanente revisable, de exclusiva aplicación para los delitos terroristas más graves, es una medida “extraordinaria”, consistente en la imposición de una pena de reclusión indeterminada, si bien sujeta a revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena (35 años) y acreditada la reinserción del penado, este podrá obtener la libertad si rompe con el grupo terrorista al que pertenecía y si se muestra dispuesto a la reparación moral y material hacia las víctimas.

Se endurecen las penas para terroristas, violadores y reincidentes

La reforma Gallardón introduce la regulación de la llamada “custodia de seguridad”. Esta nueva figura, aplicable a los delitos más graves —excluidos los de terrorismo—, permitirá que el tribunal pueda imponer que el reo sea privado de libertad hasta un máximo de 10 años, después de haber finalizado su condena.

Esta medida pretende abordar la “peligrosidad” de determinados individuos y la alarma social que habitualmente ocasiona la conducta de quienes atentan contra la vida, la integridad física de las personas y la libertad sexual, así como las actividades de atracadores, ladrones violentos, terroristas y narcotraficantes.

La “custodia de seguridad” es algo que ya funciona desde hace años en Alemania, Austria, Suiza, Italia, Francia, Dinamarca, Reino Unido y otros países europeos, aunque viene siendo objeto de controversia. Gallardón anunció su implantación en España tras reunirse hace dos meses con Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo, asesinada en 2009, y cuyo cadáver aún no ha sido hallado. Las asociaciones de jueces más conservadoras mostraron reticencias.

La reforma modifica las reglas de fijación de la pena en los supuestos del delito continuado, una figura que solo podrá ser aplicada al reo cuando sus acciones criminales tengan una proximidad “espacial y temporal”. Se excluye la aplicabilidad de esta figura a los delincuentes sexuales, de forma que serán juzgados por cada una de sus agresiones.

El Gobierno agravará también la detención ilegal [secuestro de una persona] con desaparición forzada, especialmente en los casos con motivación sexual y con víctimas menores. El Ejecutivo se muestra así sensible al endurecimiento de penas solicitado para casos como el de la joven Marta del Castillo o Ruth y José, los niños de Córdoba desaparecidos desde hace nueve meses.

Dentro de la panoplia de modificaciones —en su mayor parte tendentes a endurecer el castigo— solamente hay una suavización del castigo para los toxicómanos que delinquen a causa de su adicción; el acceso más rápido a la libertad condicional de los presos novatos —que entran por primer vez en la cárcel— cuando cumplan la mitad de la condena (ahora únicamente pueden obtener la condicional al cumplir dos tercios de la pena).