Un afectado del ERE filtrado del PSOE denuncia a Fátima Báñez en un juzgado

José Blas García Piñeiro no aguantó más y se presentó ayer en el juzgado de guardia de Santiago de Compostela, el de Instrucción número 3, y denunció a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por un posible delito de revelación de secretos y datos confidenciales sobre el Expediente de Regulación de Empleo del PSOE. García Piñeiro es uno de los 20 afectados por ese ERE en la organización del Partido Socialista en Galicia y cree que hay fundamentos jurídicos para actuar contra la ministra por su comportamiento en este caso. Hasta hace poco era el coordinador de Organización y Acción Electoral del PSdG, un cargo interno, adjunto al secretario de Organización. García Piñeiro comunicó en la tarde de ayer su denuncia particular contra Báñez a sus jefes en Galicia y se adelantó así a lo que pueda hacer el PSOE a nivel estatal, que todavía no ha presentado ninguna denuncia contra la ministra en los juzgados ni en la Agencia de Protección de Datos. El empleado del PSOE asegura que va por libre, sin seguir instrucciones de nadie, y se muestra bastante molesto con la dirección del partido precisamente porque no ha actuado todavía. Hoy se les comunicará a los trabajadores del PSdG tanto las bajas y prejubilaciones como una reducción del 10% del salario para los que se queden.

La denuncia presentada ayer deberá ser trasladada ahora a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al tener la ministra Báñez la condición de aforada.

En el texto de la denuncia se recogen las informaciones sobre este caso de la filtración del ERE del PSOE publicadas tanto en La Razón, que fue el diario que adelantó la noticia, como en EL PAÍS, sobre la autoría de la filtración desde el correo electrónico de la ministra y la aportación de una de sus asesoras.

También incluye la denuncia de este trabajador del PSOE en Galicia varios antecedentes de sentencias contra cargos públicos que practicaron este tipo de filtraciones y que llegaron a los juzgados. Entre ellas, la sentencia contra un delegado del Gobierno en Andalucía (Audiencia Provincial de Cádiz, de 14 de septiembre de 2007) y la de la Audiencia Provincial de Valladolid (10 de julio de 2003) contra un funcionario de prisiones. En sus razonamientos se profundiza en la posible vulneración del artículo 417 del Código Penal contra la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo o no deban ser divulgados.

En los argumentos de la denuncia se sostiene, con antecedentes del Tribunal Supremo, que la conducta delictiva de un funcionario o autoridad —en la revelación de un secreto o de una información no divulgable que pueda causar daño— se puede producir de manera directa o indirecta.