Interior cree inasumible seguir protegiendo a 250 magistrados y fiscales

El "no" de Jorge Fernández Díaz ha sido rotundo, y hasta lo ha repetido varias veces. El ministro del Interior se mantiene firme en su decisión de retirar el servicio de escoltas a la cúpula judicial, a pesar de las quejas de los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Fernández Díaz cree inasumible seguir protegiendo a los 250 jueces y fiscales que hasta ahora tenían servicio de escolta, así como los más de 160 millones de euros que supone anualmente. Eso sí, ha querido matizar que siempre que un magistrado pueda estar sometido a riesgo de amenaza debido a su trabajo, se hará una evaluación personal y, si es procedente, se le proporcionará seguridad. "Otra cosa son las protecciones generalizadas", ha declarado al ser preguntado por el malestar de la judicatura con la medida. Seis jueces de la Audiencia Nacional sostienen que este servicio no supone "en modo alguno" un "privilegio" y han solicitado a Interior que les remita el informe de riesgo personal antes de proceder a la retirada de escoltas.

Después de visitar la Comisaría General de Policía Judicial, en el complejo madrileño de Canillas, donde ha felicitado a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que han participado en la recuperación del Códice Calixtino, Fernández Díaz ha respondido a las preguntas de los periodistas y ha contestado con contundencia que no se replanteará el plan de reducción de escoltas de su Ministerio. Según ha argumentado, el cese definitivo de la violencia anunciado por ETA y la crisis económica por la que atraviesa el país son las causas que motivan esta decisión. "Los más de 160 millones de euros que cuestan son inasumibles", ha afirmado el ministro. Según ha explicado, en países de nuestro entorno como Holanda, Alemania, Francia o Reino Unido, "que ha padecido el terrorismo del IRA", las personas protegidas "se cuentan por unidades o por decenas", mientras que en España se cuentan "por centenares y centenares". Fernández Díaz ha explicado que actualmente hay 250 magistrados y fiscales con protección, y que a partir de ahora solo disfrutarán de ese servicio "personal" quienes estén llevando un caso determinado que pueda ponerlos en riesgo.

El ministro cifra en 160 millones de euros el gasto anual en protección de la cúpula judicial

Los jueces de la Audiencia Nacional que han pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad que les remita la valoración individualizada que han realizado sobre el riesgo que tiene cada uno antes de retirar el servicio de escoltas y vehículos policiales han señalado que la asignación de seguridad tiene por objeto proteger su integridad física, informa Efe. "Son una servidumbre inherente al cargo y funciones derivadas del mismo", sostienen los magistrados respecto a la escolta. Los jueces Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco han acordado dirigirse a Interior en una reunión extraordinaria de la junta sectorial, y han expresado su "más absoluta preocupación, rechazo e indignación" ante la retirada "sorpresiva" de estos servicios, "máxime al no haber recibido comunicación alguna con la debida antelación" para poder adoptar las medidas de seguridad oportunas. Esto ha hecho que se sientan "absolutamente desconsiderados y sin reconocimiento alguno a su trabajo". Señalan, además, que la "intolerable publicidad" que el Ministerio ha dado a su decisión, hace que no solo el "público en general", sino todos aquellos involucrados en la criminalidad organizada sepan que los magistrados "ya no 'gozan' de protección".

Las protecciones personales se generalizaron "en el momento en que ETA desarrolló la estrategia de socializar el terror y empezó a asesinar indiscriminadamente a miembros de la carrera judicial, del Ministerio público y a todo tipo de personas, lo cual generó alarma social", ha apuntado el ministro. Pero la causa que desencadenó esa protección "tan intensa y extensa" ha desaparecido porque "ETA está derrotada policialmente", ha declarado Fernández Díaz. Ese fue el motivo por el que, en palabras del ministro, el 20 de octubre la banda anunció el cese definitivo de su actividad terrorista. "Por las buenas o por las malas, ETA será disuelta", ha manifestado. Los jueces de la Audiencia Nacional rebaten, sin embargo, este primer motivo, que según dicen "contradice el contenido de múltiples diligencias" que se están practicando en los juzgados. En esas investigaciones, recalcan los magistrados, los servicios policiales insisten en que ETA "sigue activa" y en que no es "descartable, como ha sucedido en otras ocasiones, que pueda volver a atentar".

Seis jueces de la Audiencia Nacional dicen sentir "preocupación, rechazo e indignación" ante la retirada "sorpresiva" de la escolta

El segundo argumento al que Fernández Díaz ha apuntado para acabar con las protecciones generalizadas es la crisis económica: "Hay que hacer sacrificios para salir de esta situación, una política de reformas estructurales y de reducción del déficit. Toda la sociedad está teniendo que abrocharse el cinturón".

A pesar de reafirmarse en su decisión, el ministro del Interior ha sostenido que está manteniendo conversaciones con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y que se reunirán con distintos representantes de órganos constitucionales que les han manifestado su posición al respecto. Fernández Díaz ha querido alabar la "labor encomiable" que desempeñan las autoridades judiciales" administrando justicia al servicio del Estado de Derecho, "que hay que reconocer y agradecer", pese a lo cual "no hay que mantener unas protecciones que no tienen justificación".