Un camposanto para dinosaurios

¿Se imaginan un órgano de control al que técnicamente no controla nadie, pero que no controla nada? Sí, su función deviene inútil.

El Tribunal de Cuentas, al igual que otros órganos constitucionales —como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional— está pendiente de renovación desde hace año y medio, cuando los consejeros concluyeron su último mandato de nueve años. Sin embargo, PP y PSOE habían llegado al compromiso de renovar sus miembros antes del día 30 de este mes, aunque, que se sepa, todavía no se han reunido.

Los consejeros de cuentas son 12, de los que la mitad son designados por el Congreso y la otra mitad por el Senado, que los eligen por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados, economistas, etcétera, de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional.

La Constitución y otras leyes definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, y constituye una sección de enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Además, controla las finanzas de los partidos y de los procesos electorales. Depende directamente del Parlamento, aunque no sea un órgano propio del mismo.

Esa es la teoría, porque la práctica rebaja mucho esas expectativas. De hecho, es una institución que legalmente goza de gran independencia y que debería ser técnica, pero que, sin embargo, como señala el informe sobre integridad institucional de España, elaborado por la organización mundial anticorrupción Transparency Internacional, está influenciada, cuando no manejada, por los dos grandes partidos políticos, “que no podían permitir que un órgano de esta importancia quedara fuera de su control”. Aunque tiene recursos suficientes y personal preparado, “no es suficientemente eficaz en el control de la eficiencia y eficacia del sector público, dado que se limita a controles muy formales”. Este supremo fiscalizador nunca ha hecho nada ni en temas de endeudamiento ni de déficit público. Podría haber propuesto la destitución de gestores, pero tampoco lo ha hecho nunca.

El control de su gasto interno es una entelequia. Tamaña función está encomendada a un interventor, al que curiosamente nombra y puede remover libremente el pleno del tribunal.

Sin embargo, una de sus actividades más inútiles es la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La banca financia a las formaciones políticas con representación parlamentaria con préstamos que luego no reclama, pero nunca pasa nada. Y ¿por qué? Pues porque es norma de la casa que en todos los informes de fiscalización de partidos haya coponencias, es decir, que haya dos ponentes, uno del PP y otro del PSOE. Alguien debió pensar que para que no hubiera sorpresas era mejor prevenir.

El citado informe de Transparency señala que el control financiero de los partidos es muy débil en lo que respecta a ingresos que proceden de fuentes privadas e incompleto en lo referido a las fuentes públicas. Habría que solucionar las lagunas legales existentes y asegurar un organismo supervisor independiente que realizara un control adecuado. “Una mejora en este ámbito sería esencial para la lucha contra la corrupción”, concluye el informe.

El tribunal, además, debería incorporar una auditoria anual de gestión económico-financiera, y de eficacia de los órganos públicos, así como evitar el retraso crónico en los informes que realiza, precisa Transparency.

Los consejeros no tienen edad de jubilación ni límite de mandatos, lo que ha propiciado que el tribunal se haya convertido en un codiciado camposanto para dinosaurios. Ubaldo Nieto de Alba, de 81 años, lleva 30 años en la institución; Juan Velarde, de 85, es consejero desde hace 20 y Ciriaco de Vicente, de 75, desde hace 21. Rafael Corona y Manuel Núñez, de 78 años cada uno, llevan 10 años en el tribunal. Si resultaran reelegidos podrían estar en el cargo hasta los 90, 94, 85, 88 y 88 años, respectivamente. Ya lo decía Picasso: “Uno comienza a sentirse joven a los 60 años, pero ya es demasiado tarde”.

En tiempos de crisis, ganan 112.000 euros anuales más antigüedad y disponen de coche oficial, dos secretarias y 6.000 euros anuales de gastos protocolarios por consejero. Una bicoca. Noel Clarasó sostenía que “el mejor modo de resolver una dificultad es no tratar de soslayarla”.

¿No creen que ya va siendo hora de que alguien abra las ventanas y ventile el aire asfixiante de camposanto de dinosaurios?

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