El Gobierno y el PP rechazan suprimir el Constitucional como pide Aguirre

"Para fortalecer las instituciones hay que renovarlas, pero no acabar con ellas ni suprimirlas". El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha salido así al paso de los ataques que ayer lanzó contra el Tribunal Constitucional su compañera de partido, Esperanza Aguirre. La presidenta madrileña llegó a plantear su eliminación, tras conocerse que había admitido la legalización de Sortu. En línea con lo expuesto por Alonso, el Gobierno ha reiterado que en lo que hay que centrarse es en renovar a los miembros de la institución. Las palabras de Aguirre, que ha insistido hoy en su postura, han sido tildadas de “barbaridad” por el PSOE.

A esa renovación ha hecho referencia la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando se le ha preguntado sobre la polémica generada por Aguirre. Santamaría no ha querido entrar a valorar directamente las declaraciones de la jefa del Ejecutivo regional y, preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha limitado a mencionar esas negociaciones que mantienen con el PSOE. "Vamos a trabajar lo posible para que el acuerdo se cierre la próxima semana", ha añadido. La vicepresidenta sí se ha mostrado totalmente contraria a la libertad de Otegi, pedida por Sortu tras su legalización. "A nuestro juicio Otegi no debería ser excarcelado", ha dicho y ha añadido que debería cumplir íntegramente su pena. Ha admitido sin embargo que esa es una decisión que tienen que adoptar los tribunales.

Alonso por su parte ha recordado en una entrevista a Onda Vasca y recogida por Europa Press que el Constitucional "lleva años pendiente de su renovación y, por tanto, lleva años en una situación de cuestionamiento, por lo que es urgente abordar la renovación". Ha indicado que el PP tiene el "compromiso del PSOE" de llevar a cabo esa renovación "antes de que termine el mes y que en eso están trabajando".

No sé por qué lo llaman Sortu. Que lo llamen ETA directamente” Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid

En febrero, durante su primera reunión en La Moncloa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometieron a renovar el Constitucional antes de que acabara el actual periodo de sesiones. Este concluye dentro de una semana y aún no hay un acuerdo.

En cuanto a la sentencia que legaliza a Sortu, Santamaría ha defendido que el Gobierno pueda criticarla, aunque la respete, dado que ha sido parte en el proceso judicial. Alonso también ha dicho que acepta la decisión, "como no puede ser de otra manera”. Comparte no obstante "la tesis que salió del Supremo" en relación a la formación abertzale, pero el Constitucional "parece que tiene la última palabra". Por otro lado, ha destacado que la sentencia "deja unas cautelas abiertas por si hay un comportamiento de Sortu que desacredite la presunción de legalidad y la legalidad que ahora se le ha otorgado".

Con estas declaraciones de Santamaría y Alonso, el Ejecutivo y el PP han querido rescatar la reacción templada que el Gobierno mantuvo el miércoles cuando se conoció que el Tribunal Constitucional legalizaba Sortu. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, manifestó su “discrepancia”, pero junto al “máximo respeto”. Ayer sin embargo un sector del PP arremetió con mucha mayor dureza contra el fallo judicial. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, y el presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, criticaron duramente la sentencia. Pero la más tajante fue la presidenta madrileña, quien llegó a decir que “ha llegado el momento de plantearse por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido de políticos que se llaman magistrados pero que no lo son”.

Esperanza Aguirre ha insistido hoy en que es necesario hacer una reflexión porque "no se puede tener" un "edificio constitucional" en el que al Tribunal Supremo "reiteradamente" se le "enmienda la plana por señores que no son magistrados". "No sé por qué lo llaman Sortu. Que lo llamen ETA directamente", ha agregado.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, también ha contestado hoy a esas declaraciones de Aguirre. La dirigente socialista ha dicho que es "una barbaridad" que "se dedique a sacudir" a los políticos "como si ella fuera la Virgen de Fátima" y ha añadido que el Tribunal Constitucional no puede ser bueno "cuando te la razón y malo cuando te la quita".

A juicio de Valenciano, "poner el foco de sospecha" sobre los políticos es "una barbaridad" y "hace muchísimo daño a la democracia" porque "crecen los peores fantasmas". "La política democrática tiene que entrar en todas partes. En los tribunales también", ha apostillado.

La número dos del PSOE ha destacado que Aguirre "suele lanzar una frase" o "una reflexión polémica" en el mismo día en el que en el Parlamento autonómico "pasan cosas" y, en ese sentido, ha recordado que el Ejecutivo madrileño ha anunciado un recorte de 1.000 millones en el Presupuesto.

El presidente de la institución cuestionada, Pascual Sala, calificó ayer de "insólito" que se pueda afirmar que el tribunal es "proclive" o se ha "rendido a los proetarras". Sala ha lamentó que haya personas que critiquen la sentencia sobre Sortu "sin haberla leído" y sin conocer la "copiosa" fundamentación del fallo judicial.

Preguntado en concreto por las declaraciones de Aguirre, eludió comentarlas porque "se comentan solas". Recordó que el tribunal que preside es una "pieza fundamental" del Estado de Derecho y "pieza esencial" del sistema democrático". Sala quiso dejar claro que los jueces del Constitucional "no son políticos" sino "magistrados independientes".