Dívar deja un Poder Judicial interino

La dimisión ayer de Carlos Dívar, primera autoridad judicial del Estado, por el escándalo de sus largos viajes de fin de semana a Marbella abre un nuevo escenario de interinidad e incertidumbres tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Supremo. La presidencia del Consejo la asume provisionalmente el vocal conservador Fernando de Rosa y la del Supremo, el magistrado progresista Juan Antonio Xiol.

El todavía presidente del Consejo (dejará de serlo en los próximos días, en cuanto el Consejo de Ministros lo ratifique y el BOE publique su renuncia) tiene 70 años y accederá directamente a la jubilación. Dívar se va sin haber detallado cómo, con quién y en concepto de qué endosó a las arcas del Consejo, entre noviembre de 2008 y el pasado mes de marzo, unos 29.000 euros que importaron sus 32 viajes de dilatados fines de semana a Puerto Banús (Marbella) y otros destinos.

Se marcha, además, con el estigma de ser el primer presidente del Tribunal Supremo español de los 44 existentes que, en sus 200 años de existencia, se ve forzado a dejar su puesto. Y lo hace envuelto en un escándalo que había desatado en la calle, y en la carrera judicial, un clamor pidiendo su dimisión. Hombre de sólidas convicciones religiosas, Dívar saltó desde la presidencia de la Audiencia Nacional al primer sillón de la justicia española a instancias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que propuso su nombre en La Moncloa al entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, que aceptó.

Dívar califica de “desproporcionada y cruel” la campaña desatada

En la pelea política entre el PP y el PSOE por colocar a un mayor número de vocales afines en el seno del Poder Judicial, y tras haber pactado un reparto de nueve vocales cada grupo y dejar uno a CiU y otro al PNV, causó gran sorpresa que los socialistas propusieran para la cúspide del Consejo y el Supremo a un juez eminentemente conservador.

Desde el principio contó con muchos detractores. Dentro y fuera del Consejo y del Supremo muchos tildan de gris su mandato. Solo era un voto más. De hecho, en gran parte de las decisiones importantes que ha adoptado este Consejo no ha pasado de ser un convidado de piedra. En su empeño de parecer moderado, a veces votaba con los conservadores, las más, y otras con los progresistas. Su influencia era escasa y no pocas veces ha estado a merced de las camarillas, auténtico poder, surgidas entre los 20 vocales (con el presidente, 21) y que han campado en el Consejo del Poder Judicial en estos tres años y medio de legislatura. Hace un par de meses, los demás vocales frustraron su deseo de nombrar magistrado del Tribunal Supremo a su jefe de gabinete en el Consejo.

Ayer, tras 33 días de convulsión en el órgano de gobierno de los más de 4.500 jueces españoles, Dívar confirmó oficialmente que arrojaba la toalla. Rodeó su renuncia de “cierta emotividad” y asumió que su continuidad “era insostenible”, además de tachar de “cruel y desproporcionada” la campaña contra sus viajes de lujo. Sí pidió “disculpas” por el daño que, dijo, hubiera “podido ocasionar a los jueces sencillos, y a la carrera judicial”. A ellos dedicó su marcha. Pero de autocrítica y contrición, nada. Y mantuvo que no tiene “conciencia” de haber hecho “nada malo”.

Había tres puntos en el orden del día del pleno: debate sobre la situación generada en el Consejo por los viajes; petición de dimisión, defendida por cuatro vocales, y, de fracasar esta, votación para su destitución, instada por José Manuel Gómez Benítez. Aunque Dívar comentó que no “guarda rencor” a nadie, varias veces fijó su mirada en él mientras articulaba su discurso de despedida. Gómez Benítez es el vocal progresista que accedió a las facturas y destinos de sus viajes y acabó denunciándolos ante la Fiscalía General del Estado. Algunos consejeros temieron que Dívar forzase una votación para conocer in extremis sus apoyos. Pero llevaba días oteando a su alrededor y solo intuyó cercanía en los vocales conservadores Concepción Espejel y Claro José Fernández Carnicero. Los demás ya le habían advertido, directa o indirectamente, que solo yéndose lograría diluir la crisis institucional abierta en el órgano de gobierno de los jueces españoles. El Consejo es el que elige a los altos cargos de la carrera judicial y el que sanciona las infracciones de los jueces.

El nuevo presidente apuesta por trabajar para fortalecer el prestigio

Tras decir que se iba, decayeron los otros dos puntos del orden del día, y solo intervino el vicepresidente, Fernando de Rosa, que le sustituirá provisionalmente. De Rosa miró hacia atrás en el pleno y hacia adelante en la rueda de prensa posterior. De su boca salió la propuesta, que el pleno aceptó por unanimidad, para que se “reconozca la labor del presidente en estos tres años y medio al frente del Consejo y en sus 43 años como juez”. También avanzó que no habrá “interinidad” en el cometido del Consejo, y que “seguirá desarrollando los importantes proyectos en los que viene trabajando” para “mejorar la justicia en favor de los ciudadanos”.

De Rosa indicó que no “se pondrá en marcha ningún tipo de mecanismo para la elección del presidente” hasta que sea haga efectiva en el BOE la renuncia de Dívar. La publicación en el Boletín Oficial del Estado depende ahora del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ayer apostó por “mirar adelante” y trabajar para fortalecer el prestigio de los jueces. Ese trámite podría resolverse la semana que viene.

Sin embargo, el futuro inmediato del Consejo puede convertirse en un camino de espinas. No será fácil suplir las interinidades y nombrar a un nuevo presidente del Consejo y del Supremo. Y menos en un Poder Judicial donde hace tiempo que las disciplinas de grupo (progresistas y conservadores) saltaron por los aires y solo se alcanzan consensos a nivel de camarillas y afinidades personales. Reunir los 12 votos mínimos (del total de 20) precisos para elegir a un nuevo presidente se presenta como una tarea ardua. La idea es que el sustituto de Dívar sea alguien cuyo acceso a la jubilación coincida con los 15 meses de legislatura que quedan a este Consejo. Ya hay quinielas: suenan los nombres de los magistrados del Supremo Carlos Granados, Rafael Fernández Montalvo y Roberto Henríquez, entre otros.