La crisis más profunda del Gobierno de los jueces

El Consejo General del Poder Judicial, que gobierna sobre los 5.000 jueces que hay en España, que dictamina leyes fundamentales antes de que se aprueben en el Congreso, que decide los ascensos en la carrera judicial y que sanciona a los magistrados que cometen infracciones disciplinarias, vive la mayor crisis de su historia a cuenta del uso de dinero público con fines privados por parte de Carlos Dívar, presidente de este organismo y del Supremo.

Durante al menos tres años (2008-2011), Dívar hizo turismo al menos media semana de casi todos los meses -hubo 32 salidas pagadas con dinero público- acompañado de hasta siete escoltas. Pese a ello, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo (11 de 15 magistrados de la Sala de lo Penal), no han hallado indicios de delito en la actuación de Dívar y han rechazado las denuncias y querellas —primero del vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, quien destapó el escándalo, y luego de una asociación de abogados— presentadas contra quien es la cuarta autoridad del Estado por protocolo.

El escándalo del uso de dinero público por parte de Dívar para sus escapadas turísticas de fin de semana —hay constancia documental de 32 desplazamientos en los que utilizaba los jueves, los viernes y en algún caso los lunes para sus minivacaciones— estalló tras la investigación que inició a finales de 2011 el vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal elegido a propuesta del PSOE.

Gómez empezó a sospechar del despilfarro en viajes en 2010 —había entrado a finales de 2008 junto al resto de vocales— cuando propuso en el pleno, sin ningún éxito, que se considerara la posibilidad de que los desplazamientos se hicieran en clase turista en lugar de preferente para ahorrar gastos.

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En septiembre de 2011, Gómez Benítez supo que la Comisión Permanente (una especie de minigobierno del Consejo donde se sientan junto a Dívar las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra y los conservadores Antonio Dorado y Manuel Almenar) había autorizado un viaje a República Dominicana, Panamá y Colombia por 40.000 euros del presidente, su jefe de gabinete, un asesor, el letrado de Relacionales Internacionales y el jefe de Escoltas. Todos viajaron en primera clase a razón de 5.500 euros cada billete de ida y vuelta. Ese viaje, en plena crisis económica y con las Administraciones públicas reduciendo gastos en todas las partidas, dio lugar a un debate en pleno donde Gómez Benítez propuso más austeridad.

La comisión permanente, la misma que había autorizado viajes "escandalosos e injustificados", según distintos vocales conocedores de los mismos, acordó solicitar un informe del coste de los desplazamientos internacionales —los únicos que requerían su autorización previa— de los vocales y los letrados.

Gómez Benítez no se dio por satisfecho y el 27 de octubre de 2011 pidió que en esa información se incluyeran también los viajes del presidente. Cuando Gómez Benítez supo que sólo se iba a facilitar información global y no detallada de los viajes, reclamó los datos desagregados de los vocales y del presidente.

Tras un intenso rifirrafe de notas internas entre Gómez y los miembros de la comisión permanente respecto a la información sobre viajes, el pleno del Consejo de diciembre de 2011 acordó "poner a disposición de los vocales que lo soliciten, en el despacho del secretario general, los datos correspondientes". No se entregaría la documentación, ni se podrían hacer fotocopias, pero el secretario general enseñaría a los vocales las facturas y los formularios de tres años de viajes nacionales e internacionales de los vocales y del presidente.

Así, gota a gota y pese a múltiples lagunas de información referida a los motivos de los distintos viajes por España, el vocal Gómez Benítez fue conociendo los desplazamientos con fines fundamentalmente turísticos y de descanso que hacía el presidente de la institución. Cuando leyó la justificación de esos desplazamientos a través de escritos anónimos que entraban y salían de los expedientes descubrió en numerosos casos que se trataba de información falsa por las fechas y las personas a las que supuestamente aludía Dívar.

El Consejo General del Poder Judicial, con España al borde del rescate por sus dificultades para hacer frente a sus deudas y con los ingresos públicos desplomados por la crisis, ha sido reacio a adoptar las medidas de control y austeridad en los viajes que propuso Gómez Benítez en marzo.

Su denuncia pública del dispendio en viajes de un Consejo cuyas funciones principales tienen poco que ver con las conferencias en países exóticos motivó que Dívar anulase un viaje que tenía previsto a Costa de Marfil con su jefe de gabinete y su jefe de escoltas, y otras dos vocales del Poder Judicial hicieran lo mismo con un desplazamiento a Estambul.

Cuando se ha conocido el detalle de cada uno de los viajes interiores de Dívar (mayoritariamente a Marbella pero también a Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca) en 32 fines de semana largos (nunca comenzaban el sábado y a veces no concluían el domingo), los vocales del Consejo del General Poder Judicial han empezado a retirar su confianza al presidente. En una primera votación, cinco de los 20 vocales exigieron su dimisión. En la segunda, que no se llegó a producir, 12 de los 20 vocales (la mayoría que exige la ley para su destitución) le indicaron que debían abandonar el puesto. Dívar pidió unos días de oxígeno antes de anunciar su "contundente decisión" ante la "insostenible situación". Es la primera vez en la historia del Tribunal Supremo que un presidente abandona humillado por el uso de dinero público para gastos privados.

Los alcaldes de Málaga y Marbella, ambos del PP, el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz o el ex presidente de Cantabria, han desmontado las coartadas utilizadas por Dívar para justificar el gasto público en cuatro de sus desplazamientos. El Consejo del Poder Judicial, que primero había comunicado a El Mundo que Dívar viajó a Bilbao un fin de semana para la toma de posesión de un alto cargo que tuvo lugar un lunes y dos meses antes, facilitó al mismo periódico un documento que acreditaba que Dívar gastó dinero público en hacer turismo en Cantabría. Eso sí, le regalaron la entrada a las cuevas de El Soplao desde la consejería de Turismo, con lo que ahorró al Consejo del Poder Judicial unas decenas de euros mientras gastó más de 1.000 de manera improcedente.

La extrema situación de debilidad en la que ha quedado el presidente del Supremo para dirigir un organismo clave para la Administración de justicia llega tras un mandato plagado de anomalías en el funcionamiento del Gobierno de los jueces.

Durante sus tres años largos al frente del Consejo, cargo al que Dívar llegó por una propuesta del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que aceptó encantado el entonces líder de la oposición Mariano Rajoy, no sólo se ha consolidado la idea de que el Gobierno de los jueces es un instrumento al servicio de los partidos políticos, sino que se ha fortalecido la sospecha de que los ascensos en la carrera judicial que deciden 20 vocales y su presidente se hacen en función de amaños entre los representantes de dos asociaciones de jueces (la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia), de manera que los jueces no asociados, que suponen más de la mitad de la carrera judicial, tienen escasas posibilidades de ocupar cargos. La vocal progresista Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Seguridad con el PSOE y magistrada del Supremo, presumió en un correo electrónico remitido a sus compañeros de Jueces para la Democracia, de haber conseguido colocar a 18 miembros de esa asociación en altos cargos judiciales cuando su porcentaje representativo en la carrera judicial era mucho menor. Gómez Benitez denunció también este "pasteleo" y llegó a anunciar su dimisión de la comisión que calificaba a los distintos aspirantes a los puestos.

Junto a este deficiente sistema de reparto de cargos, el Consejo presidido por Dívar se estrenó a finales de 2008 con la absolución —apenas 1.500 euros de multa, una sanción leve— del juez Rafael Tirado, cuyo juzgado dejó sin ejecutar más de dos años una condena de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, supuesto asesino de la niña Mari Luz Cortés en las fechas que debería estar ya preso. Los jueces progresistas y conservadores —mayoritarios en el Consejo— impusieron su poder corporativo para no suspender de funciones a Tirado, como pedía el resto de vocales, en minoría.

"Fue un presidente propuesto por el PSOE que en los temas peliagudos votó con los vocales conservadores, que apenas habló en los plenos del Consejo ni marcó directrices porque prefería que otros le arreglaran los problemas y que muchos días, como ya hacía cuando presidía la Audiencia Nacional, estaba de viaje", cuentan, en pasado, vocales y jueces que han trabajado con Dívar.