Así empezó el ‘caso Dívar’

En el último trimestre del año 2010, tras la reducción del sueldo de los altos cargos y funcionarios y del presupuesto de todas las Administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial inició un debate sobre los criterios de ejecución de su presupuesto, que fueron aprobados en enero de 2011. Ya que el mantra que se repite en estos debates es la reducción del personal, creí conveniente apuntar hacia otros ámbitos y, entre ellos, a la contención del gasto en viajes del presidente y los vocales.

Sin información precisa, muchos en el Consejo convivíamos, entonces, con una difusa sensación de resignación ante los rumores de que era muy mejorable el trabajo de quienes tenían la obligación de autorizar los viajes internacionales y de que el presidente y algunos vocales no estaban siendo austeros en sus desplazamientos. Sin embargo, cuando en enero de 2011 propuse algunos criterios de austeridad al respecto el Consejo tan solo aprobó una declaración genérica, que ni siquiera limitaba los viajes en primera clase.

Seis meses más tarde, evaluamos el cumplimiento de los criterios aprobados al comenzar el año, pero la única referencia a los viajes en el informe aprobado fue que se había avanzado “en la redefinición de las condiciones de las actividades externas”. Ante tanta vaguedad, a la vuelta del verano empecé a mirar los viajes internacionales que se presentaban para autorización en la comisión correspondiente, y me topé a la primera con uno que aparecía enunciado como “viaje de una delegación del Consejo a la República Dominicana, Panamá y Colombia”. Pregunté por este viaje y se me contestó que se trataba de un viaje del presidente, que había sido autorizado ajustando al máximo el gasto, no obstante lo cual su coste era de 40.000 euros. Se me ocurrió mirar la memoria económica de este viaje y comprobé que el presidente atravesaría el Atlántico acompañado de un numeroso séquito (innecesario para los actos protocolarios que justificaban el viaje) y que todos volaban en primera clase.

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Había entrado ya el otoño cuando llevé este asunto al pleno como prueba de la insuficiencia de los criterios de ejecución del presupuesto acordados meses antes y anuncié que, visto lo visto, no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado.

Así empezó el caso Dívar (la “vendetta de Garzón”, según la caverna; la quintaesencia de una lucha de poder con el ministro de Justicia y el último episodio de las trifulcas internas entre grupos y vocales a las que nos dedicamos algunos en el Consejo, según la voz que, bajo cuerda, porta a la vez la del ministro y, hasta ayer, la de Dívar), y, también, un largo camino hasta su dimisión forzada.

En octubre y noviembre de 2011, tras mi queja porque se hubiera autorizado ese viaje a Latinoamérica, empezaron a producirse acuerdos que excluían los viajes presidenciales del impacto sobre el presupuesto del Consejo, decisiones de origen difuso de suministrar solo datos globales sobre los viajes y, finalmente, la negativa indirecta a suministrar esa información en tanto no resolvieran las comisiones correspondientes. Todo ello tuvo lugar pese a que el reglamento del Consejo reconoce a los vocales el derecho a acceder a toda la documentación.

Ante esta falta de transparencia amplié mi solicitud de información individualizada a todos los viajes (no solo los internacionales) de los vocales y del presidente. Se consideró, entonces, que semejante despropósito tenía que ser tratado en un pleno, que tuvo lugar en diciembre de 2011 y que, tras un debate muy tenso, acabó reconociendo que los vocales podían acceder a la información sobre los viajes del último año. Dos meses después, en marzo de 2012, pude acceder, por fin, a un listado de viajes y gastos.

Ninguna norma autoriza a realizar viajes privados con cargo al presupuesto

La historia a partir de ese momento es conocida. Cuando vi las fechas y las facturas comprobé que había bastante que mejorar en el Consejo y elevé al pleno una serie de propuestas de austeridad, que fueron rechazadas sin previo debate. Entre las propuestas que rechazaron 17 vocales se incluían las de hacer constar las actividades oficiales que motivan los viajes, salvo los fines de semana en sentido estricto al propio domicilio fuera de Madrid, la reducción del número de acompañantes y el establecimiento de mecanismos complementarios de control de estos gastos.

Un periodista ha escrito que a partir de esta desafortunada votación se desataron todas las tormentas en el Consejo, y tiene razón en parte, pero el caso Dívar tenía ya vida propia, porque me era legalmente imposible ignorar sus frecuentes viajes a Marbella coincidiendo con fines de semana y sin actividad oficial aparente. Ninguna ley o norma interna autoriza al presidente o los vocales a realizar viajes privados a costa del presupuesto, y no me consta que ningún vocal lo haya hecho.

Cuando Dívar supo que me preocupaban especialmente sus viajes de fin de semana me hizo llegar una nota anónima en la que constaban una serie de actividades que pretendían justificar algunos de sus viajes a Marbella, pero ordenó que le fuera devuelta inmediatamente. Comprobé que algunas de esas actividades no eran ciertas y entendí que, tras la retirada de la nota explicativa, tenía que cumplir con mi obligación legal de denunciar los hechos para que la fiscalía pudiera hacer una investigación preliminar. Al día siguiente presenté la denuncia.

La exigencia de responsabilidades por las indecencias no es asunto menor

Entendí y sigo entendiendo que existen indicios sobrados para abrir una investigación penal. En muchos otros casos se ha hecho con bastante menos. Si se hubiera confirmado que, como parece, no hubo actividad oficial alguna en la mayoría de los viajes, los delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial serían evidentes. Lo mismo sucede, a mi entender, con aquellos otros viajes en los que pudo haber alguna actividad oficial puntual antes del fin de semana. Poco después he sabido que hacía tiempo que algunos vocales y otros cargos en el Consejo venían advirtiendo sin éxito a Dívar de la improcedencia de sus reiterados viajes a Marbella y que, incluso, se le habían rechazado algunas facturas por actividades imposibles de relacionar con cualquier función pública.

Entre las muchas opiniones que he leído y escuchado sobre el caso Dívar en el último mes merece la pena reflexionar especialmente sobre la de un muy admirado periodista que consideraba que se trataba de un asunto menor que debería cerrarse cuanto antes con su dimisión, porque desviaba nuestra atención de lo realmente importante, que es la crisis económica, el rescate bancario y todo lo que está cayendo cada viernes.

En medio de este desbarajuste económico que tanto sufrimiento, angustia y pobreza está ocasionando, percibí en esta opinión y en la reiterada pregunta de los políticos sobre los motivos de mi actuación una resistencia inconsciente a reconocer el profundo cambio que se está produciendo en la forma de enfrentarse a los problemas comunes desde fuera de las instituciones, los partidos y las élites económicas. La exigencia de decencia en lo público y de responsabilidades a los culpables de los muchos latrocinios que conocemos cada día no es un asunto menor, sino que se sitúa en el centro del escenario individual en el que se representa el drama cotidiano.

La indagación sobre Dívar y quienes hacen cosas parecidas es esencial

La dimisión de Dívar, la devolución del dinero público que malgastó, la investigación de su responsabilidad penal y la de todos los que pudieran estar haciendo algo parecido, igual que la de los culpables del fiasco de muchas entidades bancarias y de quienes se lo permitieron o pudieron evitarlo, no es algo que haya que hacer para poder concentrarnos en lo realmente importante, sino que es una parte de lo realmente importante, algo esencial para poder enfrentarnos con fuerza a los graves problemas económicos que nos asolan.

La exigencia de decencia en lo público y de responsabilidad por la indecencia es algo que los jóvenes sin futuro, por ejemplo, entienden a la primera. Actuar en esta dirección desde nuestra pequeña esfera de poder es demostrarles que no estamos dispuestos a dejar solos a quienes no tienen culpa de su desamparo. El camino recorrido y el final del caso Dívar demuestran que la resignación no es la única realidad.

José Manuel Gómez Benítez es vocal del Consejo General del Poder Judicial y catedrático de Derecho Penal.