Un empresario confiesa que cobró fondos públicos por montar actos de UM

El hotelero Antoni Arbona, exalcalde de Sóller, asumió la acusación del fiscal, reconoció los hechos delictivos y antes retornó 15.000 euros cobrados ilegalmente. Arbona reconoció este martes ante la Audiencia de Palma que percibió 15.000 euros públicos de la Consejería de Turismo de Baleares, en manos de Unió Mallorquina (UM), como compensación por “los gastos” que le generó el “ayudar” a su partido, UM, a organizar dos actos políticps en sus hoteles.

Arbona cobró dos pagos de tres y doce mil euros, entre 2007 y 2008, bajo un contrato inconcreto para realizar asesorías imprecisas de proyectos y folletos sobre senderismo en las montañas de la Tramontana de Mallorca. El empresario se conforma con una petición de pena de 2 años y 3 meses de cárcel . “Entendí que se me estaba pagando en parte por los contactos para hacer el folleto y, por otra parte, en compensación por los gastos como empresario ayudando el partido como relaciones públicas y con los actos", dijo al Tribunal.

"No compré voluntades políticas con dinero público”, afirmó al tribunal, por su parte, el principal acusado de malversación y prevaricación, el exconsejero de Turismo , Francesc Buils, de UM, para el que la fiscalía reclama una pena de cuatro años y medio de cárcel. Buils que permaneció quince meses en el Gobierno balear de Francesc Antich, del PSOE, está imputado en otras causas por supuesta corrupción.

El hotelero Arbona y otros dos encausados y exaltos cargos de Turismo por UM, Antoni Rebassa y Antoni Oliver, están arrepentidos y sus relatos perjudican a Buils, que rechazó haber ordenado los pagos con Arbona. Rebassa y Oliver afrontan inicialmente la misma petición de pena que el consejero Buils, más de cuatro años de prisión.

En diferentes casos penales por supuesta corrupción, empresarios y militantes imputados implican a exdirigentes de UM en episodios delictivos, por cobro de comisiones o contratos a militantes que cobraban de empresas y trabajaban solo para el partido. Crece la corriente de implicados que devienen colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción, confiesan delitos y retornan pagos públicos para evitar ir a la cárcel o reducir las posibles penas.

La Audiencia de Palma juzga esta semana a Buils y otros tres militantes de UM. Buils formó parte del último Gobierno de Francesc Antich, del PSOE-PSM-IU más UM. Al estallar el escándalo, el caso voltor (buitre) en febrero de 2010, y destaparse las tramas supuestamente corruptas, Antich expulsó a UM de su Gabinete y quedó en minoría.

Francesc Buils fue detenido durante 72 horas, tras haber dejado el Gobierno Antich. Se le acusa por malversación de caudales públicos y prevaricación. Buils negó reiteradamente conocer expedientes, ordenar contratos y pagos. Es la misma estrategia evasiva de otras autoridades del PP y UM juzgadas (Jaume Matas y Maria Antònia Munar) que no tenían tiempo para controlar firmas y pagos.

El fiscal Miguel Ángel Subirán pormenorizó su interrogatorio para intentar acreditar pagos corruptos y el funcionamiento interno de la administración y la jerarquía de mando en UM. La letrada de la Comunidad Autónoma, María Ángeles Berrocal, que ejerce la acusación particular inquirió si las asesorías "eran gratis".