La división en el Supremo obliga a llevar a pleno la querella contra Dívar

La sala de admisión de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado remitir al pleno de la Sala, integrado por 14 magistrados, la decisión sobre la querella contra su presidente, Carlos Dívar, por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida o malversación de fondos públicos, relacionados con los gastos de una veintena de viajes a Marbella (Málaga) cargados al presupuesto del Poder Judicial.

La avocación a pleno apunta, por un lado, a disensiones dentro de la sala de admisión, y a que el presidente prefiere contar con el mayor respaldo posible ante una decisión de ese calibre. La sala de admisión está integrada por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Perfecto Andrés, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Miguel Colmenero. De haber estado todos de acuerdo con la inadmisión, este mismo lunes se habría rechazado la querella, en consonancia con el dictamen del Ministerio Fiscal, que no aprecia indicios de delito en la actuación de Dívar.

Sin embargo, la postura de Saavedra y de los magistrados Soriano y Colmenero, partidarios de archivar la querella, contó con la oposición del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, de Jueces para la Democracia, a la que se sumó el conservador José Manuel Maza. La situación aconsejó al presidente Saavedra avocar el asunto al pleno, donde podrá quedar reflejada una mayor diferencia en la votación final. Aún así, la decisión de este lunes deja a Dívar en una delicada posición, ya que viene a subrayar la división del Supremo respecto a su actuación al frente de la primera institución judicial del Estado. Las fuentes consultadas indicaron que aunque la decisión final será previsiblemente favorable al presidente del Poder judicial, esta puede quedar seriamente empañada por la presentación de cuatro o cinco votos particulares contrarios o muy críticos con su conducta. A los posibles votos de Perfecto Andrés y Maza podrían sumarse los de otros magistrados de la Sala Penal, integrantes de Jueces para la Democracia, asociación que exigió la dimisión de Dívar en su reciente congreso.

En ocasiones, las disensiones no trascienden al exterior en forma de votos particulares, aunque en tal caso Dívar no escaparía sin una severa amonestación por la ética de su conducta, aunque esta no se considerase delictiva.

El pleno se celebrará el miércoles a partir de las 11.00 y estará integrado por 14 de sus 15 magistrados, al quedar excluido Francisco Monterde, sobre quien recaerá la designación de juez instructor en el caso de que la querella se admita a trámite.

El pasado viernes, la sala de admisión rechazó un intento de la asociación querellante, Preeminencia del Derecho, para que se asignase a la querella un nuevo número y un nuevo ponente, distintos de los de la denuncia presentada previamente por dicha asociación, que fue archivada al no poder tramitarse contra un aforado.

De haberse estimado esa pretensión, tendría que haber sido sustituido como ponente de la decisión sobre Dívar el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra. Sin embargo, la sala rechazó la petición aduciendo que hay precedentes en sentido contrario, es decir, denuncias que se han tramitado luego como querellas con el mismo número y ponente, y Saavedra quedó confirmado como ponente.

El Pleno se celebra este miércoles para tener despejada la situación de cara a la conmemoración, el próximo lunes, del Bicentenario del Tribunal Supremo, que contará con la presencia del rey Juan Carlos. A la ceremonia institucional han sido invitadas, además de las primeras autoridades judiciales, los Presidentes de las Cortes Supremas Iberoamericanas.

Este lunes mismo, tras conocerse la decisión de la Sala de admisión, Saavedra hizo llegar al resto de los magistrados toda la documentación sobre los gastos de Dívar en sus viajes a Marbella, así como el dictamen de la fiscalía sobre la inexistencia de delito.

Fuentes judiciales aseguran que aunque Dívar supere la votación del miércoles, su situación está tan deteriorada que a medio plazo tendrá que presentar su dimisión. Ayer mismo, el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa sostuvo que si hay discrepancias en la votación del pleno de la Sala Penal, la dimisión será ya una “cuestión personal” de Dívar.