La fiscalía ve “difícil” separar la actividad pública y privada de Dívar

La fiscalía sigue oponiéndose a la apertura de cualquier investigación judicial contra Carlos Dívar. El Ministerio Público, que ya archivó la denuncia presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez contra él por malversación de fondos públicos, se opone ahora a que el Supremo admita a trámite la querella por ese mismo delito y por el de estafa presentada por Preeminencia del Derecho, la asociación que preside el abogado murciano José Luis Mazón. La querella trata de perseguir los viajes, hoteles de lujo y cenas en restaurantes caros del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo realizados en fin de semana y con cargo al órgano de gobierno de los jueces.

El teniente fiscal del Supremo ha hecho llegar esta mañana a la Sala de Admisión a Trámite de ese tribunal en el que da por reproducidas las razones que le llevaron a archivar su propia investigación abierta al recibir la denuncia del consejero del Poder Judicial y reitera que "los hechos denunciados no son constitutivos de delito". La fiscalía diferencia entre las "autoridades" y "funcionarios públicos" que pueden cometer el delito de malversación, y asegura que en el caso de Dívar, al ser "autoridad", "resulta muy difícil separar o delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuando debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente".

El escrito se basa también en las normas de justificación de gastos del Consejo para recordar que ni los vocales ni su presidente deben acreditar los motivos de sus viajes. Además, recuerda que esa normativa no fue aprobada por el actual gobierno de los jueces, sino por el elegido en 1996, "de lo que se deduce que la normativa actualmente aplicable no ha sido establecida para tratar de justificar los hechos contenidos en el escrito de querella" de la asociación Preeminencia del Derecho, "sino que ha venido siendo aplicable a los desplazamientos efectuados por el presidente y los vocales de consejos anteriores". También señala que la Intervención General del Estado no puso reparos a ninguno de los viajes y cenas del presidente.

Por último, el Ministerio Público se refiere al "hecho demostrado" de que Dívar "pagara determinados viajes, compartiera gastos con el CGPJ en otros o cargara a este la totalidad de los mismos, en una serie de ellos". Eso, según el fiscal, "no evidencia prueba alguna de su culpabilidad, sino de que fue acomodándose, caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar.

La Sala de Admisión a trámite del Supremo tiene previsto reunirse el lunes para examinar los argumentos de las partes y la documentación sobre los viajes que ha solicitado al Consejo. En caso de que aprecie indicios de delito y admita la querella a trámite nombrará un instructor para que investigue los hechos. Esa resolución, previsiblemente, también fijará una fianza que la asociación querellante tendrá que abonar para poder seguir ejerciendo la acción popular en el proceso. A partir de ese momento, el presidente de ese tribunal podrá considerarse imputado por sus propios compañeros.