El fiscal pedirá fianza de hasta cuatro millones para Urdangarin y su socio

La investigación judicial del caso Nóos, que afecta al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su socio en ese negocio, Diego Torres, dispone ya de la casi todos los elementos documentales y probatorios de los supuestos delitos por los que están imputados: malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad documental junto a prevaricación por su relación con las autoridades. El daño causado a las Administraciones públicas por los gestores y propietarios de Nóos es de más de tres millones de euros, según el cómputo de facturas y gastos irreales realizado por los expertos de la acusación para evaluar el desvío ilegal de los fondos públicos recibidos: 2,3 millones del Gobierno de Baleares y 3,7 de la Generalidad Valenciana.

En el caso de los eventos de Nóos en Valencia, los investigadores han debido reconstruir la contabilidad por la ausencia de una facturación aparente en la que basarse.

Los actos organizados en Baleares, por los que el Gobierno autónomo desembolso 2,3 millones de euros, costaron menos de uno, según la investigación judicial. El desvío de fondos cobrados en Baleares, que la fiscalía ya evaluó en escritos de diciembre pasado, sumaba 1.385.739 euros.

La ley establece que se fije fianza cuando haya indicios de criminalidad

La Fiscalía Anticorrupción ha coordinado la evaluación del daño causado por el Instituto Nóos a las Administraciones públicas. Entre 2004 y 2007, el negocio de Urdangarin y Torres organizó eventos para Administraciones públicas donde justificaron gastos nunca realizados o endosaron facturas que no correspondían al evento por el que se cobró.

A la cifra total resultante —que rondaría los tres millones de euros, casi la mitad de lo recibido—, la Fiscalía le sumará otro 30%, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 589: “Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza. La cantidad de esta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias”.

La fiscalía, según fuentes conocedoras de la causa, tiene previsto solicitar cuatro millones de fianza de responsabilidad civil para Urdangarin y su socio en las próximas semanas. La instrucción está muy avanzada y se prevé que concluya sus últimas diligencias de investigación en septiembre y octubre. Con los fiscales que llevan este caso han cooperado, con numerosos informes que constan en la causa, la Brigada de Delincuencia Económica y de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de las delegaciones especiales de Barcelona y Baleares, más la Intervención General de Administración de Estado en la unidad de apoyo a Anticorrupción. El cruzado de datos, facturas, cuentas, sociedades e informes contrastados es muy amplio, El sumario del caso Nóos acumula así numerosas pruebas sobre las irregularidades en la actuación del Instituto Nóos, una empresa dirigida por Diego Torres e Iñaki Urdangarin, cuya principal característica cuando inició su andadura era que carecía de ánimo de lucro, como si se tratara de una ONG gestionada por el duque de Palma. Nóos logró entre 2005 y 2007 sin concurso previo la organización de eventos en la Comunidad Valenciana y en Baleares, gracias fundamentalmente a los contactos de Urdangarin con dirigentes del PP, según la investigación.

La mitad del dinero público fue a las empresas del yerno del Rey y de Torres

En la organización de estos eventos, Nóos subcontrataba determinados servicios con empresas privadas con ánimo de lucro que eran propiedad de Torres y de Urdangarin. Además, cuando el juez recabó las facturas que acreditaban el gasto realizado en los eventos comprobó que en muchos casos se había cobrado por actividades nunca realizadas y en otros se habían endosado facturas que no correspondían a esos eventos. Entre Baleares y la Comunidad Valenciana, Nóos facturó casi seis millones, de los que, según la investigación y los informes periciales, al menos la mitad fueron a parar a la cuenta de beneficios de las empresas privadas de Torres y Urdangarin. La investigación ha permitido acreditar que la trama tenía contratados a numerosos trabajadores que, en algunos casos, cobraban en efectivo y sin nómina.

Urdangarin ha intentado desvincularse de estas irregularidades atribuyendo la responsabilidad a su socio Diego Torres. Pero los testimonios recabados por el juez han corroborado que el duque de Palma gestionaba la empresa junto a Torres y tenía idéntica responsabilidad.