El portavoz del PP valenciano, a punto de ser imputado
Blasco tenía una estrecha relación con Tauroni, según las conversaciones intervenidas
![Rafael Blasco, en las Cortes Valencianas.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6MK4YZR5GUGL6IINZIZQZYFPTI.jpg?auth=4d1c47f7f111f3eff94544d12fa8f75eba051385b4058cbbcb13013c134d0cdf&width=414)
Las conversaciones telefónicas intervenidas en el caso de la Cooperación demuestran que el empresario Augusto César Tauroni, único imputado por la juez que está en prisión desde febrero pasado, tenía una estrecha relación con el actual portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco, cuando en el seno de la consejería que este dirigía, la de Solidaridad y Ciudadanía, se creó la trama que permitió saquear los fondos destinados a países en desarrollo. Blasco, según fuentes judiciales, está a punto de ser imputado, lo que llevaría el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, puesto que es aforado.
Blasco siempre negó la relación con Tauroni, al asegurar que solo lo conocía de vista puesto que ambos eran de Alzira. Sin embargo, el sumario recoge mediaciones para contratar a personas, intercambio de sobres mediante citas de sus secretarias y hasta el interés del consejero por negocios que parecen propios: “Bueno, tú míralo, míralo, solo falta que se desaprovechen las oportunidades”, le dice a Tauroni tras pasarse el plazo de una convocatoria.
La llegada en 2007 de Blasco a la consejería supuso un vuelco en la manera de otorgar los fondos de cooperación al desarrollo que otorgaba la Generalitat. Un vuelco que implicó la creación en su seno de una trama que captó al menos seis millones de euros de las subvenciones concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), de los que más de 1,5 millones acabaron en las manos de Tauroni y de sus socios.
Acusada toda la cúpula
La magistrada Nieves Molina, que ha investigado el saqueo a las ayudas a países en desarrollo entre 2008 y 2010, ha ido hilvanando durante un año un sumario que describe cómo en la consejería se orquestó la trama que captaba ONG afines, apartaba a técnicos críticos, adjudicaba fondos incluso saltándose los informes y luego desviaba los fondos a empresas de España y en Estados Unidos.
Entre los 22 imputados en la causa figura toda la cúpula de aquella consejería de Blasco, como Josep María Felip, que fue director general de Inmigración y Cooperación; Marc Llinares, jefe de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo; Alexandre Catalá, subsecretario de la consejería; Mónica Escandell, jefa de programas de Cooperación; y Tina Sanjuán, secretaria general de Administración. Y aunque el sumario ha evitado en todo momento citar a Blasco, todo apunta a que ha sido adrede, y una vez construido el armazón de la causa, será imputado.
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