El PP valenciano y Génova chocan en la financiación ilegal

Las direcciones nacional y valenciana del PP se contradicen sobre las cuentas del partido en la Comunidad Valenciana en los ejercicios 2007 y 2008. Esos son los años en los que, según la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se cometió un delito electoral —financiación ilegal— y otro de falsedad mercantil en los que habrían participado la cúpula del partido en la época de Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla, empresarios de la construcción y la trama Gürtel. Los hechos se refieren a las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008.

La gerente regional del partido e imputada en la causa, Cristina Ibáñez, ha alegado que no conserva la contabilidad original e individualizada de esos dos años. El motivo sería que al cierre de cada ejercicio la remitía a la sede nacional del PP, en la calle Génova, que efectuaba “asientos de ajustes, aperturas y cierres” sobre el mismo archivo antes de reenviarlos de vuelta a Valencia.

“Al estar refundidos en un mismo archivo todos los datos contables, los remitidos inicialmente desde la gerencia regional y los añadidos posteriores de la sede central”, afirma Ibáñez, la documentación que se conserva “no se corresponde estrictamente a lo procesado en esta sede regional”. La consecuencia es que los listados “que a fecha de hoy pueden sacarse desde nuestra terminal llevan incorporados los asientos efectuados por la sede central”.

Un imputado confirma que “el de las galletas” es el constructor Ortiz

El tesorero nacional del PP, José Manuel Romay Beccaria, en cambio, se esfuerza en dejar claro en su alegación al juez instructor que los datos que se reciben “de las distintas provincias y comunidades autónomas de España no son modificados en la oficina central del partido, sino exclusivamente consolidados en la contabilidad de la organización”. Génova, donde está la sede nacional del PP, “no practica asientos modificativos de los datos contables remitidos por las organizaciones territoriales, dado que son estas quienes conocen exclusivamente las diferentes operaciones que hayan dado lugar a la práctica de los correspondientes asientos”, sigue Beccaria. La dirección nacional se limitaría “a la verificación de la corrección contable formal de dichos asientos, a la integración en la contabilidad nacional y a su devolución a la organización territorial”.

El magistrado cita a declarar a tres de los empresarios implicados

Ante el juez instructor de la causa, José Ceres, declararon ayer los imputados David Serra y Yolanda García, que hasta el pasado domingo eran vicesecretario y tesorera del PP valenciano y siguen siendo diputados regionales. Serra confirmó que “el de las galletas” o “el de las magdalenas” del que habla con Álvaro Pérez, El Bigotes, en las grabaciones intervenidas por la policía, es el constructor alicantino Enrique Ortiz. Serra admitió que medió para que El Bigotes cobrara una deuda que tenía con Ortiz pero, según su versión, no se trataba de un acto del PP como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz, y que él intervino porque era amigo de Pérez.

Según acreditan numerosos informes aportados a la causa, los constructores pagaron actos electorales de las campañas populares organizados por empresas de la trama Gürtel. Y, para justificar los pagos, generaron facturas falsas por servicios inexistentes. El juez ha citado como imputados para el 11 de julio a Ortiz y los también empresarios Vicente Cotino (sobrino del presidente de las Cortes valencianas) y Enrique Gimeno (de la empresa Facsa).