Bloqueo por los frentes abiertos de Interior

Para aplacar las críticas provenientes de diversos sectores de su propio partido y de asociaciones de víctimas sobre el plan de reinserción de presos de ETA anunciado a finales de abril, el Ministerio del Interior había dado algunos pasos atrás en la política penitenciaria ya en marcha, la vía Nanclares, y se habían generado no pocas dudas dentro del Gobierno vasco sobre los siguientes pasos a seguir.

Incluso dentro de la veintena de reclusos que se han acogido a este itinerario había confusión sobre el apoyo del Ejecutivo a esta vía, confusión que se acrecentó tras el veto del ministerio a la presencia de Carmen Gisasola, reclusa de ETA y disidente de la vía Nanclares, en el Congreso de Memoria y Convivencia celebrado en Bilbao esta semana; tras el recurso por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional de la libertad condicional de dos presos reinsertados; o tras el parón de los encuentros con víctimas y de los talleres de convivencia en la cárcel que los presos tanto reclaman.

La discrepancia más pública entre Interior y el Ejecutivo vasco tuvo que ver precisamente con la presencia de Carmen Gisasola, reclusa de la vía Nanclares, en el Congreso sobre la Memoria y la Convivencia, celebrado en Bilbao. Fue una iniciativa del Gobierno de Patxi López que Interior vetó. La gestión del asunto fue muy confusa, incluyendo una filtración a la prensa sobre el proyecto, de la que se acusan mutuamente el PSE y el PP, que frustró cualquier posibilidad de éxito y de acuerdo entre ambos Ejecutivos.

Aún queda por resolver la presencia de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, disidente de ETA en régimen de semilibertad, en un curso de verano de la Universidad del País Vasco al que ha sido invitado. En este y otros casos que se produzcan, el Gobierno tendrá que decidir si considera convenientes y tolerables los testimonios públicos de exterroristas reinsertados para impulsar su política penitenciaria.

Otro de los problemas recientes proviene de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Interior ha apoyado los expedientes de libertad condicional de dos presos de la vía Nanclares que han cumplido con todos los requisitos legales: perdón, indemnizaciones civiles, rechazo de la violencia... El juez las concedió. Pero la fiscalía las recurrió solicitando que ninguno de los dos pueda acercarse a Bilbao por respeto a sus víctimas. Se trata de una decisión que en nada beneficia el Ministerio del Interior, que de hecho estaba profundamente molesto por estos dos recursos. El mensaje que se traslada, sea o no así, es que el Gobierno está utilizando a la fiscalía para obstaculizar los beneficios penitenciarios dentro de un itinerario de reinserción que supuestamente apoya, pidiendo en algún caso medidas que ni siquiera las propias víctimas habían solicitado.

La sensación entre los presos es de duda sobre si, incluso cumpliendo con todos los requisitos, las presiones externas e internas a las que se ve sometido el Gobierno provocan finalmente que no puedan obtener aquello que la ley les concede. Y el problema con este tipo de mensajes va más allá de la veintena de presos acogidos a la vía Nanclares, sino que suponen un evidente obstáculo para que otros presos se acojan a la reinserción y el plan del Gobierno pueda salir adelante.

La reunión de ayer entre el ministro Fernández y el consejero vasco Rodolfo Ares parece haber clarificado algo las cosas. Interior transmitió su voluntad de impulsar de forma clara la política de reinserción, de llevarla adelante a pesar de las críticas que pueda recibir y a poner orden en su propia casa y dentro de los organismos que dependen del Gobierno y del PP para que pueda llegar a buen puerto el plan de reinserción de presos con el que pretenden consolidar el final del terrorismo.