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COLUMNA

Responsabilidades

Populares, socialistas y financieros compartieron el encubrimiento de la situación de los bancos

Crisis en la crisis, el desplome de Bankia invita a releer las declaraciones precedentes de los responsables económicos. Es la mejor forma de no entender nada, o tal vez de descubrir que ellos no entendían nada, o algo que es peor, que no querían entender, o, en fin, lo que es aun más grave, que no querían que los demás entendiesen. Tal es la sensación que dejan las palabras de la entonces ministra de Economía y Hacienda, en la primera entrevista concedida al asumir el cargo, a fines de mayo de 2009. Por otra parte, no estamos ante una excelente profesional, cuyo lenguaje técnico es elogiado. Pues bien, esta dama de hierro de la economía socialista, hoy perfectamente recolocada, empieza por celebrar el repunte de la economía tras haber tocado fondo, para anunciar luego el relanzamiento de la producción, e incluso de un mercado de viviendas con demanda creciente. Claro que será preciso a su juicio reestructurar la banca —pero, tranquilos, Salgado no tardó en confirmar que ya había sido reestructurada “en profundidad”, amén del marco legal para las cajas—, y por si existía alguna preocupación adicional, España contaba con un margen de endeudamiento de 150.000 millones de euros. ¿Delirio o propaganda?

La incidencia de la crisis mundial servía de coartada para explicar los malos resultados de una política, olvidando que el golpe del ladrillo fue anterior a aquella. Pero no solo fue el vértice gubernamental quien erró: las Administraciones autonómicas, todo aquel que tenía un presupuesto a su disposición tendió a seguir gastando como si todo fuera hacia lo mejor en el mejor de los mundos. El aparato de propaganda de Zapatero hizo todo lo posible para difundir esa atmósfera de injustificado optimismo, sin que la descalificación permanente del PP se atreviera a profundizar. Siguieron el juego como en la triste aventura de Caja Madrid, aderezando además el guiso con peleas por el poder, bajo la mirada tranquila del Gobierno, y con fusiones tan peligrosas como la de Bancaja, cuyo presidente popular era ya a título personal alguien que hubiese debido suscitar todo tipo de desconfianzas. No sirvió de mucho que entre los consejeros de Caja Madrid figurasen personajes de la izquierda oficial, ciegos y mudos ante lo que pasaba en la institución de crédito. El hundimiento permitirá quizás su liberación del sufrimiento moral que debió suponerles beneficiarse de las perversiones del capitalismo organizado.

El episodio viene a probar de nuevo que la desregulación favorece la formación de una nueva casta de gestores, fabulosamente pagados, cuyos intereses, ligados a esas remuneraciones, les distancian incluso de la institución que dirigen. ¿Importa mucho que esta quiebre si los ingresos e indemnizaciones que se han atribuido a sí mismos son puntualmente pagados? Ni Rato, ni ninguno de los gestores implicados en peripecias comparables, piensan por un momento en la exigencia moral de devolver a la sociedad los beneficios obtenidos en el curso de sus fracasos.

División tajante asimismo entre la lógica del capital financiero y los intereses y las percepciones del conjunto de la ciudadanía. Estas percepciones deben ser tenidas en cuenta, ya que en ellas destaca el contraste entre la visión ampliamente difundida entre los ciudadanos, de que el bum del ladrillo debía acabar en catástrofe, o ya en fecha reciente de que la carga de activos derivados del mismo era un peso insoportable para la banca, y el discurso oficial entregado a alabar su solidez. Así Botín se permitía impartir lecciones a todos. Solo cuando la catástrofe es inminente, la realidad sale a la luz. Populares, socialistas y financieros compartieron esa labor de encubrimiento, hasta que las caídas se suceden, y ni aun entonces hay claridad: los amigos del presunto responsable por inhibición, el gobernador del Banco de España, se ocupan solo de lavar su imagen frente al cerco popular. Lo único cierto es la decisión de salvar una banca, protagonista en la gestación de nuestra crisis, con el dinero de todos y sin que nadie rinda cuentas.

La indignación es lógica, pero de nada sirve si no se exigen las responsabilidades de lo ocurrido. La sociedad española está demasiado acostumbrada a admitir como naturales los comportamientos contrarios a la ley, las corrupciones organizadas y la arbitrariedad, en mi experiencia desde la propia institución en que ha transcurrido mi vida hasta las más respetables instancias de gobierno. Los esfuerzos individuales —pensemos en Garzón— llevan a la destrucción de quien los ensaya. Sobran a todo nivel pillos con mando, y la exigencia colectiva de responsabilidades constituye la única salida.