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El fiscal jefe del Supremo deberá investigar el presunto delito denunciado

El fiscal general del Estado remite el documento la Fiscalía del Tribunal Supremo

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado traslado a la Fiscalía del Tribunal Supremo de la denuncia por presunto delito de malversación de fondos públicos presentada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez contra el presidente del citado órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por haber cargado a los presupuestos del Consejo los gastos de seis viajes de fines de semana a Marbella, que ascendieron globalmente a 5.658,88 euros. A partir de ahora, el fiscal jefe del Tribunal Supremo, el teniente fiscal Juan José Martín Casallo, deberá decidir si investiga los gastos de Dívar y, previsiblemente, incoará unas diligencias de investigación para comprobar la veracidad de los hechos que figuran en la denuncia.

En ese trámite, la fiscalía podría recabar datos y documentos al Consejo General del Poder Judicial para acreditar la realidad de los gastos y también es posible que reclame un informe de la Intervención sobre si los gastos podrían ser imputados a actividades oficiales o son puramente privadas.

En caso de que estime que los hechos denunciados revisten los caracteres del delito de malversación de caudales públicos que aprecia el vocal —que, además, es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid—, deberá enviarlo a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, al estar aforado el presidente del Supremo.

Como en el caso del exjuez Baltasar Garzón, que fue condenado por las escuchas en prisión a los abogados de la trama Gürtel y que, en su condición de magistrado de la Audiencia Nacional también estaba aforado, un tribunal formado por cinco magistrados de la Sala Penal tendrá que decidir si admite a trámite la denuncia contra Carlos Dívar e inicia formalmente la investigación judicial contra él. En caso contrario la archivará.

Previsiblemente, la resolución de ese tribunal, en el supuesto de que decida seguir adelante con el caso, designará a un magistrado instructor, que será el encargado de indagar el supuesto delito. Si de sus pesquisas deduce la existencia de la infracción penal elevará el caso a la sala, que, para que no quede contaminada, deberá estar compuesta por magistrados que no hayan formado parte del tribunal de admisión a trámite.

En la denuncia presentada a la Fiscalía, figura que Dívar habría endosado al Consejo las facturas de al menos seis viajes no oficiales por importe de 5.658,88 euros.

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