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'caso nóos'

El fiscal general sobre la conformidad de Urdangarin: “No habrá trato de favor”

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, recuerda que pactos como ese son una "práctica habitual" Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia: la fiscalía llegará "hasta el final" en la investigación

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante su toma de posesión.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante su toma de posesión. REUTERS

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que Iñaki Urdangarin no va recibir un trato distinto de la fiscalía por su condición de yerno del Rey. "No va a haber ningún trato de favor", ha afirmado Torres-Dulce en referencia a la postura que adoptará el Ministerio Público sobre el posible acuerdo de conformidad que negocian Urdangarin y su exsocio para eludir la cárcel a cambio de declararse culpables y devolver los fondos malversados. Un acuerdo que el Poder Judicial no vería con malos ojos. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha recordado que la conformidad es "una práctica habitual en el ordenamiento jurídico español". El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha subrayado por su parte que la fiscalía llevará "hasta el final" la investigación en este caso.

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Gabriela Bravo ha recordado que este tipo de acuerdos se celebran "todos los días" dentro de una "estricta legalidad" y "en el momento procesal oportuno". La portavoz del órgano de Gobierno de los jueces no cree que en el caso de Iñaki Urdangarin haya ningún inconveniente en que también se celebre un pacto de esas características: "Estamos seguros de que en su momento, si así se lo plantean y acatando los requisitos que establece la ley, no habrá ningún tipo de problema".

El ministro de Justicia ha preferido enfatizar, cuando ha sido preguntado al respecto, que la fiscalía tiene como premisa principal de su labor llevar "hasta el final" las investigaciones de delitos, y no será el caso Nóos, en el que está implicado Iñaki Urdangarin, una excepción en este sentido. Gallardón ha subrayado también que el Estado de derecho supone la "igualdad de todos ante la ley". Los fiscales tienen autonomía plena para actuar, ha asegurado el ministro,"en todos los casos", también "en este que nos ocupa".

El objetivo central de la defensa de Urdangarin con la conformidad no solo es esquivar una posible pena de más de dos años, que llevaría a prisión al esposo de la infanta Cristina, sino evitar que un miembro de la familia real sea protagonista desde el banquillo de los acusados de un juicio cuyo dilatado desarrollo podría salpicar la imagen del Rey y de la Monarquía.

El acuerdo que busca el duque de Palma implicará devolver al menos 1,7 millones de euros públicos malversados (la mitad del monto total, que debería repartirse con su exsocio Diego Torres). Las negociaciones para alcanzar este pacto se producen después de que se desencadenara un enfrentamiento directo entre Urdangarin y su exsocio Diego Torres. La batalla se desató cuando el abogado de Torres presentó ante el juez una colección de correos electrónicos, escritos por Iñaki Urdangarin, que implicaban a miembros de la familia real, incluido el propio Rey, en los asuntos comerciales de patrocinio del esposo de la infanta. No son los únicos correos comprometedores que Torres posee, según su entorno.

Un pacto con condiciones

La sentencia de conformidad es la que dicta un tribunal cuando acusación y acusado prefieren pactar una condena y ahorrarse el juicio. Hay varios requisitos: que los presuntos delitos estén castigados con un máximo de seis años de cárcel, que el reo admita su culpabilidad (a cambio de una condena más suave) y que tanto la fiscalía como el resto de las acusaciones estén de acuerdo. Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, en más de la mitad de los casos de esas características se llega a una sentencia de mutuo acuerdo.

Pero ahí se engloba todo tipo de asuntos: de robos con violencia, por ejemplo, a corrupción política. Con pactos previos fueron condenados, por ejemplo, el exdirector general de Seguridad del Estado Julián Sancristóbal o, más recientemente, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz.

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