La investigación acredita cuatro delitos para sentar en el banquillo a Urdangarin

Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y yerno del Rey, será juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental, según interpretan fuentes próximas a la investigación judicial a partir de las pruebas obtenidas en los últimos nueve meses. El delito de evasión fiscal, que también se está investigando por un cobro no declarado de 375.000 euros a través de una cuenta en Suiza, no formará parte de la acusación a Urdangarin porque lo supuestamente defraudado no superaría la cuota mínima de 120.000 euros que estableció la reforma del Código Penal de 2003.

La estrategia de Urdangarin de atribuir a su socio Diego Torres todas las anomalías en la gestión del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que conseguía el dinero público para eventos, no ha dado resultado, a juzgar por las nuevas pruebas solicitadas por el instructor. En su último auto, el juez José Castro rebate la coartada del duque de Palma sobre su desvinculación de los negocios sospechosos a raíz de que la Casa del Rey se lo ordenara en primavera de 2006. El juez sostiene que hay múltiples pruebas documentales y testimonios que acreditan todo lo contrario. Cuando todavía quedan algunos meses para cerrar la instrucción, la investigación considera acreditados al menos cuatro delitos para sentar al duque de Palma en el banquillo.

» Fraude a la Administración. Urdangarin negoció con dirigentes políticos del PP que gobernaban en Baleares y la Comunidad Valenciana convenios de colaboración que, según la fiscalía, no respetaron la normativa sobre contratación. Gracias a esos contratos a dedo, el duque de Palma ingresó casi seis millones a través de Nóos, de los que una gran parte acabaron en empresas privadas de su propiedad o de su socio, Diego Torres. La Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye el caso han sostenido que Torres y Urdangarin se apropiaron indebidamente de fondos públicos al utilizarlos para enriquecer a sus empresas privadas y no para costear los servicios que prestaron a las Administraciones públicas. El fraude, según el sumario, consistiría en que Urdangarin y Torres cobraron con sus empresas dinero público a través de Nóos por servicios que no prestaron.

» Prevaricación. El duque de Palma, a través del Instituto Nóos que presidía, logró sin concurso previo diversos encargos de las Administraciones públicas por casi seis millones de euros en apenas dos años. Aunque el delito de prevaricación está pensado para la autoridad o funcionarios que dictaran una resolución injusta a sabiendas, también cabe atribuir ese delito a un particular que haya inducido a la prevaricación. El expresidente de Baleares Jaume Matas llegó a declarar a Diario de Mallorca: “Urdangarin nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la familia real. Era impensable que el Gobierno balear respondiera a la oferta de colaboración realizada por el duque de Palma diciéndole que convocaríamos un concurso y que se presentara al mismo y lo ganara”.

» Falsedad documental. Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres desviaron gran parte del dinero recibido para organizar eventos a través del Instituto Nóos a empresas privadas de su propiedad. Esas sociedades facturaron a Nóos grandes cantidades de dinero con conceptos genéricos como “apoyo logístico” y similares. Cuando el juez que investiga el caso solicitó las facturas que justifican los gastos realizados en la organización de los eventos, se encontró con que algunas no correspondían al servicio realizado; otras tenían fechas anteriores a la firma del contrato. Además, la investigación detectó la falsificación de firmas en la presentación de ofertas a un concurso para la promoción del equipo ciclista patrocinado por el Gobierno balear. Estas pruebas documentales servirían, según fuentes de la investigación, para fijar el delito de falsedad documental.

» Malversación de caudales públicos. Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, recibieron más de seis millones de euros de dinero público para organizar distintos eventos a través de un instituto que no tenía ánimo de lucro El precio de los eventos, según la investigación, no alcanzó ni la mitad de esos seis millones de euros recibidos. Las empresas privadas de Torres y Urdangarin se quedaron con la mitad de ese dinero público para su lucro, según la Fiscalía Anticorrupción.