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Correa plantea a Rajoy la insuficiencia del código ético para la banca

El presidente de Ecuador se plantea denunciar a España ante tribunales de derechos humanos "Si no hay una flexibilización vamos al peor de los mundos", dice el mandatario

Pablo Ximénez de Sandoval
Correa y Rajoy tras la rueda de prensa en la Moncloa.
Correa y Rajoy tras la rueda de prensa en la Moncloa.GORKA LEJARCEGI

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó este sábado por la noche en Madrid que su Gobierno estudia fórmulas para llevar las leyes hipotecarias españolas ante las instituciones europeas de derechos humanos. "No quiero ser grosero con el país anfitrión, pero me parece increíble, como economista, como humanista". Se refería a la ley hipotecaria española en la que la entrega de la casa al banco no sirve para saldar la deuda. "Es increíble que haya leyes que pasan todo el riesgo a los seres humanos y no al capital, que es el principio básico de la economía. Es intolerable. Estamos estudiando acciones para denunciar esto ante los organismos de derechos humanos a nivel europeo e internacional".

Correa dijo estas palabras ante unos 3.000 compatriotas en el exterior de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense porque no cabían en el interior, donde estaban convocados. Entre el público destacaban decenas de pancartas de protestas por los desahucios y contra la banca. "Eso sí son atentados contra los derechos humanos. ¿Dónde está la campaña de prensa para denunciarlo?", dijo Correa en referencia a las críticas internacionales por su enfrentamiento judicial con la prensa.

El presidente de Ecuador dijo ante los migrantes a voces lo que unas horas antes había dicho delante de Mariano Rajoy, con el que no fue menos duro aunque no hizo referencia a la posibilidad de denunciar a España pro violaciones de los derechos humanos. En rueda de prensa al lado de Rajoy, al término de un encuentro entre ambos en el palacio de la Moncloa, Correa cargó contra las leyes hipotecarias españolas que "van contra todos los principios de la economía" porque "hacen recaer todo el riesgo en la persona y no sobre el capital". Mientras Rajoy puso el código ético bancario como ejemplo de cómo enfrenta este asunto, el presidente Correa reclamó una "flexibilización", en lo que fue un claro mensaje de que las medidas le parecen insuficientes.

La crisis de las hipotecas que está afectando a la comunidad inmigrante tanto como a los españoles es una preocupación del Gobierno de Ecuador desde que en el año 2010 el paro masivo en la construcción empezó a llenar las asociaciones de inmigrantes de toda España de casos dramáticos de desahucios. El Gobierno de Ecuador llamó la atención entonces del Banco de España sobre lo que calificó de "drama hipotecario" y lleva desde entonces pidiendo medidas intermedias para aquellos que no pueden pagar sus hipotecas. Las asociaciones de inmigrantes calculan que un 10% de los 150.000 desahucios que se han producido en España desde 2009 afectan a sus nacionales.

"Hemos hablado con Rajoy para buscar una solución", dijo Correa, que quiso aprovechar la rueda de prensa conjunta para extenderse especialmente sobre este asunto. La Embajada de Ecuador en España ha puesto a disposición de sus nacionales un equipo de seis abogados exclusivamente para asesorar a los inmigrantes frente a los bancos. Es el primer y único país que lo ha hecho hasta ahora. "Es todo cuanto podemos ayudar", dijo Correa.

Correa cargó directamente contra las leyes hipotecarias españolas, en las que el deudor responde con todos sus bienes y rentas presentes y futuros del préstamo total que pidió para comprar la casa. Se trata de una anomalía comparado con las leyes americanas. "Desde Ecuador estamos asombrados de que el riesgo recaiga sobre la persona y no sobre el capital. Va contra los principios de la economía. Hemos hablado de esas leyes", dijo.

Dentro del proceso de ejecución hipotecaria en España, Correa destacó como "difícil de entender" que la valoración de la casa para la subasta la haga "el propio banco". "He expresado mis inquietudes al presidente", dijo midiendo sus palabras. Hace dos años, en un encuentro con inmigrantes en Madrid, ya dijo que su Gobierno se planteaba llevar el sistema hipotecario español ante los tribunales internacionales de derechos humanos.

Mariano Rajoy, por su parte destacó ante el presidente ecuatoriano que "en tres meses de Gobierno" ya ha abordado este asunto con la aprobación, hace una semana, del código de buenas prácticas bancarias para aceptar que la entrega de la casa salde la deuda. La adscripción a este código es voluntaria por parte de las entidades, aparte de otros condicionantes. "Siempre que se respete la legalidad de España estamos dispuestos a escuchar", dijo Rajoy.

A continuación, el presidente Correa no quiso dar el tema por cerrado a pesar de que ya le estaban preguntando por otro asunto. Recogió el guante e insistió ante Rajoy en lo que Ecuador considera un verdadero atropello. Primero, recordó que él es economista de profesión. "Rajoy me habló del código ético. Yo soy economista", dijo en lo que parecía una respuesta directa a Rajoy y no a la prensa. "Si no hay una flexibilización vamos hacia el peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casa y bancos llenos de casas". Correa insistió en que "hay que repartir los costes de la crisis" y el sector financiero debe pagar su parte. En España, dijo, "todo el riesgo recae en el ser humano". Correa dijo que España saldrá de la crisis, pero no por su sector financiero, sino por "el talento y las personas".

Con flexibilización el Gobierno de Ecuador se refiere a soluciones intermedias en la rígida legislación española que hagan que un impago temporal desemboquen obligatoriamente en un desahucio, como alquileres con derecho a compra o moratorias de pago. Hace dos años, la Embajada envió una carta al gobernador del Banco de España proponiendo diversas fórmulas.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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