El fiscal estudia pedir a Urdangarin hasta tres millones de responsabilidad civil

Expertos de la Agencia Tributaria escrutan los movimientos de fondos, gastos, facturas y pagos que el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin hasta 2006, registró con motivo de los tres eventos que organizó para la Comunidad Autónoma Valenciana y para el Ayuntamiento de Valencia y de los dos congresos de deportes y turismo celebrados para el Gobierno de Baleares. La entidad sin ánimo de lucro, que controlaron a medias Iñaki Urdangarin y Diego Torres, ingresó por esos encuentros cerca de seis millones de euros procedentes de las arcas públicas, aunque dejó sin justificar más de la mitad y derivó gran parte del dinero a empresas privadas propiedad del duque de Palma y de su socio.

La fiscalía considera que hubo malversación de caudales públicos por varios millones de euros. Para asegurar cautelarmente su retorno a la Administración si los imputados son considerados culpables, prevé pedir contra Urdangarin que se fije fianza de responsabilidad civil por esas cantidades. La eventual fianza puede rondar entre dos y tres millones, según diferentes estimaciones.

El informe de los técnicos e inspectores de Hacienda que ha pedido el fiscal Pedro Horrach servirá para que Anticorrupción reclame en los próximos días ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, la imposición de una posible fianza de responsabilidad civil a los presuntos responsables de la trama. El yerno del rey, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres, son los principales implicados, junto al expresidente balear Jaume Matas, en este escándalo de supuesta corrupción vinculado a Administraciones públicas.

La fijación de una fianza de responsabilidad civil implicaría que, en caso de no poder hacer frente a las cantidades solicitadas, el juzgado embargaría las propiedades de los imputados.

La entidad que presidía Urdangarin logró más de tres millones de euros de la Administración valenciana sin presentar justificantes de los gastos ocasionados por la organización de los distintos eventos.

El fiscal Horrach, en uno de sus escritos iniciales que figura en el sumario, observó que “los beneficios [de Urdangarin y Torres] sobre los eventos realizados son desproporcionados, con ingresos que suponen el 135% del coste de los eventos y su facturación, por dirección logística, representa el 20 % del presupuesto”.

Nóos logró más de la mitad de los 10 millones de su facturación conocida, entre 2003 y 2008, gracias a la mediación directa y personal del esposo de la infanta Cristina de Borbón ante los Gobiernos de Francisco Camps, de la Generalitat Valenciana, y de Jaume de Matas, de Baleares, ambos del PP.

El fiscal resaltó en su análisis central del caso que “los representantes políticos beneficiaron fraudulentamente al Instituto Nóos en atención a la posición institucional de su presidente”. Nóos recibió 5.804.000 euros públicos: de Valencia 3,5 millones de 2004 a 2006, y de Baleares 2,285 millones de 2005 a 2007.

En un informe, el ministerio público señala que la cifra de dinero público desviada por la trama suma 1.385.739 euros, de los 2,3 millones que le pasó el Gobierno balear. Se quedaron un 60% del dinero para ellos.

La utilización de la fórmula del convenio de colaboración, para la Fiscalía Anticorrupción, sólo tiene una finalidad: beneficiar al instituto Nóos eludiendo de forma dolosa la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública y evitar así la concurrencia, la publicidad y la igualdad de trato.