El derrape de la directora de Tráfico

El PP no se fía del anterior Gobierno. Por eso escudriña en los cajones. Facturas o víctimas de tráfico. Igual le da. La nueva responsable de la DGT, que se hizo cargo de un departamento que ha cosechado los resultados más espectaculares de toda la historia de la seguridad vial en España, ha sembrado la duda con unas ambiguas declaraciones sobre el recuento de fallecidos en siniestros de circulación. “Puede haber sorpresas” cuando se haga el “cómputo real” de los fallecidos a 30 días en carreteras y en zonas urbanas, ha asegurado hoy María Seguí.

Un mal gesto para una gestora que ya en su toma de posesión alabó la “labor de marketing” de su predecesor, Pere Navarro. Así bautizó la responsable de Tráfico de Mariano Rajoy una política de seguridad vial armada fundamentalmente sobre las bases de potentes reformas que han cambiado la forma de conducir de los españoles: carné por puntos, ley del procedimiento sancionador y reforma del Código Penal. La concienciación y el reconocimiento de las asociaciones de víctimas completaron el círculo. El resultado: más del 55% de reducción de las víctimas y heridos graves entre 2004 y 2011. Así, España, que estaba en el furgón de cola de Europa, pasó a recolectar el reconocimiento de sus socios europeos e importantes logros.

Desde que la DGT empezó a recopilar datos de forma exhaustiva se ha hecho siempre de la misma forma. El único cambio se abordó en 1993, cuando Tráfico comenzó a publicar las cifras de siniestralidad a 30 días. Esto es, muertos y heridos ocurridos en el momento del accidente más aquellos que fallecen en los hospitales, como consecuencia de las heridas, en los 30 días siguientes al accidente. Este cambio se produjo para homologar las cifras de fallecidos con las del resto de Europa.

Desde entonces, todos los Gobiernos españoles, incluidos los del PP, han usado el mismo sistema de cómputo: cada día se recopila y publica en la web de la DGT el número de víctimas de tráfico en carretera comunicados por la Guardia Civil y las policías autonómicas. Son solo datos de las carreteras, porque los muertos y heridos en las ciudades y pueblos no están disponibles hasta que concluye el año; y se publican en el Anuario de Tráfico meses después. En ese anuario sí se incluyen los fallecidos en accidente a 30 días.

El seguimiento de los heridos graves es muy complejo. Los centros sanitarios deberían comunicar cada defunción a Tráfico durante el mes siguiente al siniestro. Algo que no se ha conseguido hasta ahora, pese a los esfuerzos del anterior equipo. Para suplir esa carencia se toma la cifra de fallecidos a 24 horas, que sí es absolutamente científica, y se aplica un sistema corrector. Así se obtiene la cifra definitiva a 30 días. Y así es y ha sido en nuestro país desde hace décadas.

Ahora Seguí ha planteado el reto de obtener la cifra real. Un empeño que nadie puede criticar. Pero lo ha hecho en forma de ataque al anterior equipo, seguramente poniéndose la venda antes que la herida frente a un hipotético y temido repunte de la mortalidad en carretera que coincida con el cambio de Gobierno. Ha insinuado que esa modificación puede hacer que la cifra resultante sea más alta: “Nos podríamos llevar una sorpresa”, ha dicho, tras llamar irónicamente a “no hacer alarmismo”. También ha echado mano de la crisis para justificar ese hipotético repunte: ha expresado su confianza en que los recortes no afecten a las cifras de siniestralidad.

Seguramente la presión de dirigir un departamento que ha logrado ocho años consecutivos de descenso en el número de muertos y heridos graves y ha salvado más de 12.000 vidas le ha llevado a Seguí a parapetarse en esa actitud. Hasta ahora su gestión se resume en eliminar el Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, un departamento recomendado por la UE, como arma destacada para combatir los accidentes.