La investigación destapa el descontrol en las ayudas de la Xunta a empresas

La alarma por el estallido del caso Campeón, que ha destapado un presunto fraude de subvenciones en la Xunta de Galicia en favor de un entramado empresarial liderado por el lucense Jorge Dorribo, llegó en mayo de 2011 a Luxemburgo, el país donde tiene su sede el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El hecho de que una de las ayudas investigadas sea un préstamo de 2,9 millones de euros de esta entidad, tramitado íntegramente por el Igape, el instituto de crédito de la Xunta, llevó al BEI a enviar a una de sus inspectoras a las oficinas compostelanas del organismo. La funcionaria, en su declaración ante la juez de Lugo que lleva el caso, aseguró que lo que se encontró allí fue un completo descontrol en la tramitación de las subvenciones a empresas.

“Entre los años 2009 y 2010 no hay apenas información de cómo han sido utilizados 45 millones de los fondos”, afirmó Delia Diguele en su comparecencia, recogida en el sumario del caso y cuyo secreto se levantó el pasado lunes. La técnica del banco acudió a la sede del Igape en mayo del 2011 para conocer la situación de las ayudas y, en las conclusiones de su investigación, critica el poco personal que se dedicaba al estudio de las peticiones y la falta de control sobre el destino del dinero.

Diguele descubrió que los responsables del instituto de crédito de la Xunta eran incapaces de aportarle información sobre el destino que 29 empresas subvencionadas entre 2009 y 2010 habían dado al dinero recibido. En su viaje a Santiago, Diguele pidió entrevistar a los funcionarios del Igape que se dedicaban a hacer los informes de comprobación del uso de los fondos. Y, en vez del equipo de ocho personas que esperaba encontrarse, se topó con solo dos trabajadores asignados a esta tarea. Con esta falta de efectivos, explica la enviada del Banco Europeo de Inversiones, los funcionarios tienen “el tiempo justo” para hacer las diligencias previas hasta la concesión del préstamo y eso provoca “una falta de seguimiento en los procesos”. Por eso los expedientes que encontró estaban incompletos.

Todos los informes que realizaban estos dos funcionarios tenían que ser teóricamente revisados por los directores de área, Pedro Caldas y Cristina Quintela, ambos imputados en el caso por tráfico de influencias, acusados de haber manipulado supuestamente la tramitación de ayudas en beneficio de la trama de Dorribo. Después de ver esos informes sobre las ayudas, la inspectora del BEI concluye que solo los dos funcionarios “hacen realmente trabajo y que el resto simplemente ponen el sello”. En su declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, la técnica llegada de Luxemburgo recuerda sus entrevistas con los dos directores y califica la explicación de Quintela sobre la labor de control de las ayudas de “desestructurada y superficial”. “Se corregía y volvía hacia atrás”, expone Diguele a la juez Estela San José. El Gobierno de Feijóo mantiene a estos dos mandos del Igape en sus puestos pese a las imputaciones.

Otra de las irregularidades que detectó el BEI fue la ausencia de documentos que justificaran el destino del dinero público recibido. En los expedientes solo se encontraba la documentación previa a la concesión de los préstamos, que no incluía las facturas que justificaban los gastos supuestamente realizados. La inspectora aseguró ante la juez que al pedir explicaciones a las propias empresas sus responsables le explicaron que, al terminar los proyectos, cuando se ponían en contacto con el instituto de crédito de la Xunta para enviarle las facturas, en el organismo les pedían que esperaran a recibir una carta porque aún no podían tramitarlas. Aquellas cartas no les habían llegado.