Gallardón denuncia una "violencia estructural" que obliga a abortar

No fue una improvisación sino una declaración explícita sobre el porqué las mujeres abortan. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado un auténtico incendio fuera y dentro del Parlamento al afirmar que las mujeres se ven sometidas “en muchas ocasiones” a una "violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo”. Así lo ha dicho a la pregunta de la diputada socialista, Ángeles Álvarez, preocupada por el sentido del cambio que quiere hacer en la actual ley del aborto. “El legislador no debe ser indiferente a la situación de muchas mujeres que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras”. Los murmullos de los bancos de la izquierda subían de intensidad, mientras que la bancada del PP le aplaudía con fuerza. Los temores de que el Gobierno quiere dejar en papel mojado la legislación actual del aborto en España se confirman para la izquierda parlamentaria. El nuevo borrador estará en el otoño.

El debate que suscitó Gallardón en el pleno del Congreso siguió en los pasillos y llegó muy pronto a las asociaciones de mujeres, a los sindicatos y a las redes sociales. Todo el discurso del ministro, leído en un cuaderno, se dirige a señalar como causa de los abortos, “en muchos casos” a la falta de atención, ayuda e información que tienen las mujeres. Con una red asistencial adecuada no renunciarían a la maternidad. Esta concepción no es compartida en absoluto por la diputada interpelante, Ángeles Álvarez, tampoco por la ponente de la ley ahora en vigor, la socialista Carmen Montón, y las mujeres de la izquierda en el Parlamento. La discrepancia radical con el ministro procede de que para las personas a favor del aborto este es un derecho inalienable de las mujeres, al margen de consideraciones socioeconómicas.

Las diputadas de la izquierda tienen previsto preguntar al ministro permanentemente sobre sus planes de cambio para esta ley por el temor de que vaya mucho más allá de exigir que las menores entre 16 y 18 años puedan abortar sin conocimiento de los padres. De ahí el enunciado de la pregunta de Álvarez que ha dado lugar a la tremenda polémica.

"¿Piensa el Gobierno recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?". A la pregunta, el ministro respondió que "no solamente" no los va a recortar sino que va a aumentar la protección del derecho reproductivo "por excelencia", que es “la maternidad”. "A mi juicio es insuficiente una legislación que se limita a proteger el no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer que debe estar protegida", ha afirmado. El ministro seguía leyendo, y los diputados del ala izquierda, empezaron a mirarse unos a otros. “Ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social. "Esos son los principios rectores", ha dicho el ministro. El acompañamiento a las mujeres para que no aborten, con “promoción de la inserción laboral, formación, garantías de conciliación de la vida laboral…" provocó murmullos que no pararon hasta el final del parlamento leído por el titular de Justicia. Las Administraciones van a estar muy cerca “de las menores de edad, de las inmigrantes, de las discapacitadas…”

La respuesta del ministro, con una fundamentación muy elaborada, alarmó mucho más de lo que tenían previsto a los diputados que apoyaron la actual ley del aborto. La diputada interpelante le pidió que no tocara la ley actual hasta que el Tribunal Constitucional no resolviera el recurso que el PP presentó. “Ustedes la quieren cambiar porque saben que van a perder ese recurso”, aventuró la diputada socialista. “Ese pronunciamiento favorable iría en contra de los sectores fundamentalistas con los que ustedes están comprometidos, siempre ajenos a los derechos de las mujeres”. No olvidó la diputada recalcar que el 90% de las jóvenes entre 16 y 18 que abortan “tienen confianza con sus padres” y están acompañadas en ese trance. “Sólo una minoría que sufre violencia” no puede hacer partícipes a sus progenitores de esa decisión. Pero esta referencia a lo que en principio parecía que iba a ser el meollo de la respuesta, quedó muy relegado ante las reflexiones del ministro.