La posible fianza civil contra el yerno del Rey se decide otro día

Iñaki Urdangarin podía haber entrado hoy en el juzgado de Palma de Mallorca en coche. Le  autorizó ayer “con carácter excepcional y por estrictas razones de seguridad” el juez decano de la ciudad. Pero finalmente lo hizo caminando. Cuando concluya su declaración como imputado, Urdangarin abandonará el juzgado sin saber si su patrimonio quedará en parte bloqueado o si su libre circulación quedará afectada. Desconocerá si van a pesar sobre él medidas cautelares: una fianza civil u otra de carácter penal con la retirada del pasaporte y/o la obligación de personarse en un juzgado o una comisaría periódicamente. El duque de Palma deberá esperar varios días a conocer si el juez José Castro le impone cauciones de carácter penal para que no eluda o interfiera la acción de la justicia o, más probable, le exija una fianza de responsabilidad civil, millonaria, proporcional a la cuantía supuestamente malversada. El instructor, en este apartado, actúa a petición de las partes personadas. La iniciativa queda habitualmente en manos de las acusaciones.

Al final del interrogatorio, los fiscales y los letrados de la acusación, a la vista de lo depuesto por Urdangarin, deberán valorar si corresponde emprender una acción cautelar. En un plazo limitado, tras la declaración, han de elaborar y presentar las peticiones razonadas para que el juez decida en un auto. La Fiscalía Anticorrupción valora la posibilidad de solicitar que se imponga al yerno del Rey y al resto de imputados con responsabilidades de administración del dinero público una fianza civil para trabar fondos y asegurar la eventual restitución de la masa supuestamente malversada, más un 30%. El seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que se personó como acusación popular y reclamó la imputación de la infanta Cristina, baraja pedir una fianza carcelaria y la retirada del pasaporte.

Otro dato a ponderar es la no discriminación entre imputados en situaciones semejantes. En la misma causa matriz del caso Palma Arena, el juez impuso en 2010 una fianza para eludir la cárcel de tres millones al expresidente Jaume Matas, le retiró el pasaporte, le impuso la obligación de comparecer cada 15 días en un juzgado o comisaría y le fijó una nueva caución de responsabilidad civil de 1,4 millones. Un imputado en el caso Urdangarin, el exdirector de Deportes José Luis Ballester, al ser detenido en 2009 cuando estalló el caso Palma Arena, tuvo que depositar una fianza de 50.000 euros.