Mariano Rajoy cruza el Rubicón

La moción acordada ayer en el Congreso por todos los partidos democráticos —a excepción de UPyD y Amaiur— en respuesta a la reclamación de Rosa Díez de ilegalizar a Amaiur trasciende con mucho el mero rechazo a dicha petición de ilegalización. Es nada menos que la recuperación de la unidad democrática, con la excepción de UPyD y Amaiur, primera condición para que el Gobierno cuente con la cobertura política suficiente para gestionar el final de ETA, el paso del cese definitivo de la violencia a su disolución.

El acuerdo reconoce la irreversibilidad de la decisión de ETA cuatro meses después de que la banda declarara el cese definitivo de la violencia, el pasado 20 de octubre. Ese reconocimiento político tan abrumador es clave para que el Gobierno gestione el fin de ETA. Y se venía gestando desde que el mismo 20 de octubre el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, admitieron al unísono la importancia del paso dado por ETA, entre el escepticismo y desconcierto de buena parte de la derecha política y mediática.

En línea con ello, el acuerdo de ayer es el primer fruto, también, de la ronda de encuentros que Rajoy, instalado en La Moncloa desde las fechas navideñas, ha mantenido con los principales partidos vascos —Iñigo Urkullu, del PNV, el lehendakari socialista, Patxi López, y el del PP, Basagoiti— y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre enero y febrero. Todos le han animado a gestionar el final de ETA y le han ofrecido cobertura política para neutralizar la presión desde su derecha.

Con el acuerdo de ayer, Rajoy ya ha cruzado el Rubicón del inmovilismo al compromiso con la administración del final de ETA, que lo está compaginando con decisiones internas como el refuerzo del PP vasco en la dirección del partido del Gobierno y la presencia de Iñaki Oyarzabal en la secretaría de Justicia e Interior del mismo partido.

El acuerdo apunta, además, una hoja de ruta básica. Junto a la exigencia a ETA de su disolución definitiva e incondicional reafirma el compromiso con las víctimas del terrorismo, como protagonistas del relato del final de la banda terrorista. Pero se compromete, también, a propiciar la convivencia social sobre los principios que sustenta el Estado de derecho, un eufemismo que se refiere al abordaje de la reinserción de los presos etarras, una vez constatado el final definitivo de la violencia.

El mismo acuerdo establece que esta hoja de ruta la tendrán que desarrollar, además del Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo vasco con el de Navarra y las fuerzas democráticas. En este sentido, puede decirse que la historia se repite. En diciembre de 1987, fueron los partidos democráticos, representados en el Congreso, los que firmaron el primer gran pacto para aislar a ETA: el de Madrid. Lo que sirvió de acicate para que un mes después, en enero de 1988, los partidos parlamentarios vascos acordaran el Pacto de Ajuria Enea.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, está empeñado, ahora, en lograr el acuerdo entre los partidos vascos sobre la gestión del final de ETA, que debe concretar el de ayer en Madrid. El lehendakari, el socialista Patxi López, también está por la labor, aunque presenta alguna dificultad. En medio del clima preelectoral vasco, el PNV ha exigido que la izquierda abertzale participe en el acuerdo, con la disconformidad del PP.

Pero casi 25 años después, los partidos democráticos han recuperado la unidad democrática frente a ETA. La excepción ha sido Rosa Díez, que ayer erigió un monumento al oportunismo e incoherencia políticas en su afán de ofrecerse como receptora del voto radical de la derecha que el PP pudiera perder por la gestión del final de ETA.