Interior retira el despliegue en Valencia tras las quejas y la extensión a Madrid

El Ministerio del Interior retiró este martes el fuerte despliegue policial utilizado en los últimos días para reprimir las manifestaciones de estudiantes en Valencia. El aluvión de protestas por la violencia policial empleada, amplificado a través de las redes sociales y los medios de comunicación internacionales, llevó ayer al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a reconocer a primera hora de la mañana que “hubo algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de la policía” en las protestas de Valencia. Con las quejas llegó la extensión de la protesta a varias ciudades españolas, donde los jóvenes salieron a las calles en solidaridad con sus compañeros valencianos. Madrid, con 3.000 jóvenes cortando las calles, o Murcia y Alicante, con más de un millar de manifestantes en cada una, quedaron contaminadas por la protesta valenciana.

Solo en la jornada del lunes los agentes realizaron 25 detenciones, seis de ellas a menores, y hubo más de una docena de heridos. Esta actuación llevó a organizaciones como Amnistía Internacional y Save the Children a pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que investigue los posibles abusos policiales, especialmente en el caso de los menores de edad. Numerosos cargos del PP, como el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, reconocieron su preocupación por la imagen que se daba de España en el extranjero.

Fernández Díaz se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso de los Diputados, tal y como han reclamado el PSOE, Izquierda Unida, Compromís y ERC, para explicar los incidentes registrados en Valencia y anunció su disposición a hacer todo lo posible para recuperar la calma.

Poco después, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, rectificó su posición del día anterior y anunció la apertura de “una investigación” para determinar posibles “extralimitaciones” por parte de los agentes que intervinieron para reprimir a los estudiantes.

Solo un día antes, Sánchez de León y el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, habían explicado que, en caso de que alguna persona se considerase objeto de abusos policiales, sería un juez el que depuraría posibles responsabilidades, siempre y cuando se presentase la denuncia correspondiente.

La delegada del Gobierno responsabilizó de la represión sufrida por los jóvenes a los mandos policiales. “No hay una orden desde un despacho”, prosiguió Sánchez de León. “Las decisiones las toman los que están en la calle, con los criterios con los que actúa la policía”.

Sánchez de León admitió que el lunes al mediodía la situación se “desmadró” y la policía creyó necesario, bajo “su responsabilidad”, recurrir al material antidisturbios.

Las manifestaciones del ministro y de la delegada del Gobierno provocaron la reacción de las organizaciones policiales. El Sindicato Unificado de Policía pidió la destitución de Sánchez de León y llamó “cobarde” a Fernández Díaz por descargar la responsabilidad en los agentes. La Confederación Española de Policía acusó al Gobierno de “escurrir el bulto”, mientras que la Unión Federal de Policía salió en defensa de los miembros que reprimieron las protestas en Valencia.

En el Parlamento, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, amonestó a varios diputados de IU, Compromís y ERC por exhibir carteles con la frase “Valencia: Yo también soy el enemigo”, en referencia a la terminología utilizada por el jefe policial para referirse a los estudiantes, y “Dimisión”, en alusión a Sánchez de León y a Moreno.

En Valencia, los pronunciamientos exigiendo la dimisión de la delegada del Gobierno se sucedieron durante todo el día por parte de partidos políticos, sindicatos y entidades educativas y culturales.

El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se vio obligado a matizar su posición. A primera hora de la mañana Fabra recurrió al argumentario preparado por el PP. Un guion en el que se indicaba que las manifestaciones no son legales si no se comunican; que no ha habido recortes en educación y que los estudiantes han sido engañados; y que la oposición está instigando las protestas no pacíficas. A mediodía, el presidente valenciano hizo un llamamiento al diálogo a la comunidad educativa. Solo horas más tarde, la Delegación del Gobierno permitía una nueva manifestación no autorizada y retiraba el amplio despliegue policial sin que se registrasen incidentes.