Los nuevos estatutos del PP expedientan a una docena de dirigentes imputados

Los estatutos aprobados por el PP en Sevilla han modificado el régimen sancionador de la formación para los casos de corrupción. Los populares se comprometieron a abrir expediente informativo a todos aquellos cargos que estén imputados por delitos dolosos (los tipificados como tráfico de influencias o cohecho lo son). Y el informativo se convertirá en disciplinario cuando se decrete la apertura de juicio oral. Aún así, la propuesta era que el expediente fuera directamente disciplinario, aunque ni siquiera suponía la suspensión cautelar de la militancia, pero las enmiendas aceptadas a esta ponencia suavizaron la medida. La suspensión de la militancia o de funciones será, de cualquier forma, analizada caso por caso, con lo que la fórmula no supone que, incluso iniciado el juicio, los cargos vayan a dimitir. Pese a todo, el PP ha adelantado algo en su lucha contra la corrupción, si lo pone en práctica.

La aprobación de los nuevos estatutos es firme pero ahora se ha de iniciar el proceso de apertura de expedientes. Y esto supone que a más de una docena de dirigentes del PP pasarán a formar parte de los expedientados.

Las normas del PP no son tan tajantes como pueda parecer. De hecho, el alcalde del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, condenado por la Audiencia provincial por un delito de cohecho, podría librarse de la expulsión ya que su sentencia no es firme, tal como marcas las normas sancionadoras de los populares, aunque sí conlleva inhabilitación.

En Baleares también son varios los expedientes que la dirección deberá abrir. Entre ellos al senador José Sala, exconsejero del Gobierno de Jaume Matas (ya presentó su baja en el PP), e imputado en una de las piezas del caso Palma Arena.

Más extensa es la lista de quienes deberán ser expedientados en la Comunidad Valenciana. Empezando por el presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, que esperando la fecha de celebración de su juicio, deberá recibir directamente el expediente disciplinario. Por los casos Gürtel y Brugal será expedientados el exvicepresidente Vicente Rambla, los también diputados Ricardo Costa, Milagrosa Martínez, David Serra, y Yolanda García, Pedro Ángel Hernández. También lo serán el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y la alcaldesa de Orihuela. Y aún está por resolver qué se hará con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el también parlamentario autonómico Luis Díaz Alperi para los que la fiscalía ha pedido la imputación.

Además han de unirse varios imputados por el caso Emarsa (saqueo a una sociedad pública) entre los que figuran concejales de varios municipios, que todavía forman parte del PP.