Breve historia de la condena de un juez

Tres juicios contra un juez. Baltasar Garzón se enfrentaba a tres procesos, dos por prevaricación y uno por cohecho impropio. El Tribunal Supremo le condenó ayer a 11 años de inhabilitación por intervenir las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel en prisión con sus abogados. Este debía haber sido, en realidad, el último juicio, después del proceso por su investigación de los crímenes del franquismo y otro por los cursos realizados en Nueva York, pero el Supremo decidió que fuera el primero. Este es un resumen de las tres causas contra Garzón.

Las escuchas de Gürtel. El caso. Tras más de un año de investigación, en febrero de 2009 el juez Baltasar Garzón destapa a la red Gürtel, la mayor trama de corrupción ligada a un partido político, el PP. Se investiga a un entramado de empresas que logró contratos millonarios con Administraciones gobernadas por el PP. Garzón envía a prisión a Francisco Correa, cabecilla de la trama, a su primo Antoine Sánchez y al exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Durante la instrucción del caso, el juez ordena intervenir las conversaciones que los principales dirigentes de la trama mantienen con sus abogados al entender que pueden estar tratando de ocultar “millones de euros” en el extranjero.

El denunciante. Ignacio Peláez, abogado del imputado José Luis Ulibarri, presenta una querella por las grabaciones. Ulibarri no llegó a estar en prisión, pero Peláez acudió a la cárcel para hablar con otros implicados en Gürtel que no eran sus clientes. Peláez había sido fiscal de la Audiencia Nacional —y compañero de Garzón—. Como abogado había sido juzgado junto a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por una carta falsa con la que los empresarios intentaron contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. El tribunal finalmente no encontró “prueba suficiente” que demostrara que conocía la falsedad de la carta y fue absuelto.

El instructor. El juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, miembro de Jueces para la Democracia.

La posición del fiscal. La Fiscalía del Supremo calificó en febrero de 2010 de “fraude de ley” la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, pero el Supremo la admitió a trámite de todas formas. El fiscal presentó incluso un recurso de súplica al tribunal contra la admisión de la querella, que fue rechazado. En ese recurso, el ministerio público argumentaba que la intervención de las grabaciones había contado en todo momento con la autorización judicial necesaria y que además habían proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados. En la primera sesión del juicio, los fiscales del Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel defendieron al juez Garzón. Su actuación, dijeron, fue “proporcionada”.

Quién avaló las escuchas. La intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que sucedió a Garzón en la instrucción del caso Gürtel, Antonio Pedreira, por las dos fiscales anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM José Manuel Suárez Robledano.

La posición de los abogados de la trama Gürtel. Durante el juicio, los abogados de la trama Gürtel calificaron de “monstruosas”, “infamantes”, “injustas”, “barbaridad” o “inconstitucionales” las escuchas, y de “una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve” al juez Garzón. Los abogados mantuvieron que el magistrado había actuado “movido por la razón de Estado, que es la excusa de los tiranos”. Eso sí, siempre lamentando la “ingrata tarea” y el “gran malestar” que les producía tener que acusar a un compañero.

Alegato final del juez. “La única razón de Estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos”, replicó Garzón en su alegato final. “Asumo todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad”.

La condena. El Tribunal Supremo comunicó ayer al juez Baltasar Garzón la sentencia por la que le condena a 11 años de inhabilitación, a una multa de 2.520 euros y al pago de las costas del proceso.

Qué dice la sentencia. El tribunal tomó la decisión de condenar a Garzón por unanimidad. La sentencia la firman los magistrados Joaquín Giménez García, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro y Manuel Marchena Gómez. Argumentan que Garzón, al ordenar las escuchas, recuperó “prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa”. Afirman que el juez habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de derecho contemporáneo, al nivel de los sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”. Afirman que el juez causó “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa” de los abogados de Gürtel. Para el tribunal, “no se trata de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”.

El futuro. El juez Baltasar Garzón tiene todavía pendiente la sentencia por el juicio sobre la investigación de los crímenes del franquismo, que terminó el pasado miércoles, y otro proceso más por los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York. El juez, que se mostró “desolado” tras la sentencia, ha dicho que “ejercerá todas las acciones pertinentes” contra la resolución. El primer paso será un recurso ante el Tribunal Constitucional.