Ruz extiende el ‘caso Gürtel’ a la visita del Papa a Valencia con 11 imputados

La investigación del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP, no se detiene con la absolución del expresidente valenciano Francisco Camps por los trajes que presuntamente recibió de las empresas de Francisco Correa. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este miércoles una vuelta de tuerca a la parte de la instrucción relacionada con la Comunidad Valenciana e imputó a 11 personas por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil al participar en una adjudicación irregular de la cobertura de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia para participar en el encuentro mundial de las familias, que se celebró del 7 al 9 de julio de 2006. Ruz imputa también por cohecho y prevaricación a dos excargos públicos de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA) que recibieron regalos de la trama supuestamente a cambio de contratos. El supuesto fraude se produjo entre 2000 y 2001, cuando el ministerio del que depende ese organismo lo dirigía Francisco Álvarez-Cascos, ahora presidente del Principado de Asturias.

El nuevo impulso al caso se produce tras una nueva denuncia de la Anicorrupción a raíz de un informe de la Agencia Tributaria. Este último documento, basado en el análisis de la contabilidad de las empresas de la trama, explicaba cómo la adjudicataria de los equipos de sonorización de la visita del Papa, la constructora leonesa Teconsa (que actuaba de tapadera de la red de Francisco Correa) incurrió en un presunto fraude fiscal de 633.771 euros en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades al facturar servicios a sociedades de la trama que, en realidad, no se prestaron. Teconsa repartió así parte de los 7,4 millones de euros que había recibido de la Radio Televisión Valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido del Pontífice por las calles de Valencia, cuando el coste de tales servicios apenas alcanzó los 3,2 millones, según la contabilidad de Gürtel.

Fue al entregar ese dinero a las empresas de Correa por servicios ficticios cuando se cometieron los delitos fiscales y falsedades que aprecia Ruz. De ellos tendrán que responder sus principales directivos, algunos de los cuales ya están siendo investigados, como el número dos de la trama, Pablo Crespo (que abandonó la prisión la semana pasada tras abonar 100.000 euros de fianza), el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín o Jacobo Gordon, exsocio y amigo de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. Los tres constan como administradores de la sociedad Castaño Corporate, una de las empresas a las que fue a parar parte del dinero sin que hicieran nada a cambio.

Esos mismos delitos se atribuyen a cuatro gestores de Teconsa —José Luis Martínez Núñez, José Luis Martínez Parra, Jesús Alonso Galindo y Rafael Martínez Molinero— , y a otros cuatro de Wild Electronic Design —Alejandra Andrea Beresovski, Noemí Márquez Castellano, Antonio Dorado y Óscar Fragio— que también recibió fondos sin contraprestación. En total, esas sociedades se repartieron 1,2 millones de euros de Teconsa, que se dedujo por ello 198.830 euros en concepto de IVA y 434.941 del Impuesto de Sociedades. El juez considera que esas deducciones son “improcedentes” al no corresponder a servicios realmente prestados. La suma de ambas cantidades (633.771) correspondería, pues, al total defraudado a Hacienda en la operación.

Pablo Ruz también aborda otra de las ramas pendientes de investigación. Se trata de los viajes, obras particulares y sumas de dinero recibidas de la trama por dos exdirectivos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) —Ángel López de la Mota, exdirector de Comunicación del organismo, y José María Gabarri— a cambio, supuestamente, de contratos mientras el actual presidente asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, ocupó el Ministerio de Fomento. Ambos cargos percibieron más de 85.000 euros en comisiones en un período en el que el entramado corrupto obtuvo contratos por 2,4 millones de euros.

Fue su propio cabecilla, Francisco Correa, el que, durante su declaración ante Baltasar Garzón, admitió su relación con Cascos. “Me dio la cuenta de AENA que era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional del Turismo] y se hacían un montón de eventos”, dijo ante el juez. López de la Mota y Gabarri habrían participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos supuestamente amañados, por eso Ruz pide ahora toda la documentación de esas adjudicaciones a sociedades como Special Events y FCS Travel Group (ambas de Correa), “en especial las referidas al estand de Fitur”.

El juez ordena además a la Policía Científica que investigue si los papeles manuscritos que los agentes encontraron en una nave industrial de Easy Concept, otra de las empresas de la trama, fueron redactados por Correa, su lugarteniente Crespo o el encargado de la contabilidad B de la trama, José Luis Izquierdo. Entre las carpetas, había documentación relativa a la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, la hija del expresidente del Gobierno del PP.