El Gobierno balear del PP justifica su petición de cárcel para Matas

El expresidente del Gobierno de Baleares y exministro de Medio Ambiente con el PP, Jaume Matas, se enfrenta a una petición de ocho años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y, también, de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. El Ejecutivo regional del PP lo justificó, por primera vez, en una “decisión política, no partidista, basada en informes de los técnicos”, según dijo el portavoz Rafael Bosch.

La primera denuncia -y petición de cárcel- contra Matas nació de la acción del Gobierno anterior, del PSOE. El nuevo líder del PP balear y del Gobierno regional, José Ramón Bauzá, quiere romper con el pasado escandaloso y vetó a todos los imputados para listas y cargos públicos.

Acusar a Matas por parte de un Gobierno de su antiguo partido responde a una actuación “para defender los intereses de los ciudadanos allá donde corresponda”, reiteró el consejero Rafael Bosch. La letrada de la Comunidad, María Ángeles González Amate, justificó los cargos contra Matas en su informe final de la vista, reseñando las supuestas responsabilidades e ilegalidades del ex presidente en el ejercicio de sus funciones. Durante las sesiones del juicio –los interrogatorios-, la abogada autonómica mantuvo una posición poco beligerante, una discreción que daba a entender que la acusación estaba siendo desactivada.

El Gobierno del PP adoptó su postura final en base a los informes “técnicos y jurídicos”. Mantiene que Matas es autor de los delitos de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude a la Administración. por la contratación supuestamente oculta de su redactor de parlamentos, Antonio Alemany, ex columnista de El Mundo. El Gobierno de Matas, entre 2003 y 2007, pagó a Alemany hasta 480.000 euros por aquel trabajo y en subvenciones a sus empresas.

La dirección de la Abogacía de Baleares la ejerce la política y jurista, Antonia Perelló, ex diputada, electa en 2011. El escrito de acusación contra Matas se cerró bajo mandato socialista antes de las elecciones que supusieron la llegada del PP. Además de los ocho años de cárcel para Jaume Matas la abogacía reclamó 5 años y medio de cárcel para Antonio Alemany, así como penas menores, a los ex altos cargos del Gabinete de Matas, María Umbert y Juan Martorell, y el publicista Miguel Romero.