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El juez da tres días a Fabra para que diga cómo va a pagar su fianza de 4,2 millones

Exige que si avala el pago con inmuebles acredite si están ocupados

El titular del juzgado número 1 de Nules ha otorgado tres días al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para que diga cómo va a pagar su fianza, que asciende a 4,2 millones de euros. El juez les exige que acrediten una relación de “bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la fianza”, que especifiquen si estos tienen cargas y gravámenes y si, en el caso de que sean inmuebles, “si están ocupados, por qué personas y con qué título”.

El auto del juez es también un apercibimiento para Fabra ya que indica que “en caso de no verificarlo, se procederá de oficio o a instancia de parte a la averiguación de bienes susceptibles de embargo, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas”.

El titular del juzgado 1 de Nules decretó hace una semana la apertura del juicio oral contra el presidente del PP castellonense, su exesposa María Amparo Fernández, el empresario que le denunció, Vicente Vilar, y la exesposa de este, Monserrat Vives. A Fabra, acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, le requirió una fianza de 4,2 millones de euros con el fin de que haga frente a la responsabilidad civil que se le impondrá si es declarado culpable. Entonces les dio un día de plazo que, como la decisión no llegó a los acusados de inmediato, hizo correr los días hasta ayer. En este tiempo, Fabra y Fernández (a quien se le reclaman 800.000 euros) han presentado un escrito en el que pedían una aclaración sobre el auto y un mayor plazo. Pero el juez se lo ha denegado recordando además que si no depositan la fianza, “se procederá al embargo de bienes del procesado, requiriéndole para que señale los suficientes a cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias”.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han indicado que ni Vilar ni Vives han presentado escrito alguno.

En su última declaración de bienes, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aseguró tener bienes por un valor de 3,9 millones de euros, de los cuales sólo 600.000 euros corresponden a bienes inmuebles valorados de acuerdo con el catastro.

Además, el juez ha imputado al exdiputado y senador Miguel Prim después de que la Audiencia de Castellón admitiera, en parte, el recurso presentado por la acusación popular para ampliar las imputaciones. El juez considera que Prim "haciendo valer su condición de Senador por Castellón, presionó a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias a los productos fitosanitarios" e indica que "incluso" remitió una carta al Ministro "en la que le recriminaba que en la fecha indicada no se hubiera actuado conforme a como él entendió que se había quedado".