Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Acuerdo urgente

Madrid y Vitoria deben evitar la división sobre la lucha antiterrorista y la política penitenciaria

El encuentro de hoy entre Mariano Rajoy y Patxi López debería servir para poner orden, antes de que sea demasiado tarde, en la confusión reinante sobre el fin de ETA. El Gobierno central y el vasco deben estar de acuerdo en esa cuestión, con independencia de que sean o no del mismo color. El de López defiende la flexibilización de la política penitenciaria para favorecer la irreversibilidad del cese de ETA, y el de Rajoy considera un error moverse mientras ETA no se disuelva.

La confusión se debe a la tendencia de ciertas personas influyentes a convertir sus opiniones en hechos, forzándolos para darse la razón sobre debates pretéritos. Por ejemplo, considerar que ha vuelto la extorsión por hechos de otra naturaleza (recoger dinero para los presos en las tabernas) o interpretar las detenciones de etarras armados en Francia como prueba de que la banda prepara su vuelta. La Comisión Internacional de Verificación ha sido oportuna al lanzar en las horas previas a la reunión un mensaje positivo sobre el compromiso de ETA con el fin de la violencia, asegurando haber pedido a los etarras que dejen de llevar armas, si bien la explicación de que la banda se limita ahora a trasladar armas y explosivos a lugares seguros resulta poco convincente. Minimizar los hechos conocidos sería irresponsable, pero también lo es magnificarlos para sostener que fue un error legalizar candidaturas de la izquierda abertzale sin disolución previa de la banda terrorista.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha aclarado que no hay datos para decir que ETA prepare su vuelta. Pero es cierto que esa posibilidad no puede descartarse mientras ETA no formalice su disolución. Hay que exigir a la izquierda abertzale (que tiene pendiente su legalización como Sortu) que lo reclame. Rajoy y López están de acuerdo en esto. También en que cualquier beneficio penitenciario debe plantearse en el marco de la ley y en que el acercamiento no es un derecho de los presos, sino una posibilidad cuya oportunidad debe valorar el Gobierno. Con esa base común, no debería ser imposible un consenso sobre si se dan ya las condiciones para poner fin a la dispersión y sobre las que harían posible modificar la legislación penitenciaria. Pero urge que lo que se haga sea de común acuerdo, renunciando a la confusión y división entre Madrid y Vitoria que tanto reconforta a los últimos defensores de ETA.

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