La policía pide evitar la apología del terrorismo involuntaria en Twitter

"Si no queremos que una apología del terrorismo (siempre repugnante) sea TT [trending topic, tema más comentado del momento], NO LA ESCRIBAMOS. Las máquinas no lo entienden. Nosotros debemos". La policía nacional ha difundido esta tarde este mensaje en la red social Twitter para pedir a los usuarios que dejasen de escribir "Gora ETA" (viva ETA). La frase se había convertido en uno de los temas más comentados del momento en la red de microblogging después de que tres etarras fueran expulsados hoy de la sala de la Audiencia Nacional donde eran juzgados por proferir esos vítores e insultar a los magistrados. Paradójicamente, el comentario de los internautas sobre la noticia puede constituir un delito de apología del terrorismo.

El altercado que ha desencadenado la oleada de comentarios se ha producido durante el juicio contra los presuntos miembros del comando Otazua, Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria. Pastor insultó durante la sesión al tribunal, al que calificó de "torturador", y fue desalojado de la Sala junto a sus compañeros al grito de "Gora ETA", mientras sus familiares y amigos les jaleaban desde la zona reservada al público.

Los mensajes en la red social Twitter se dedicaban mayoritariamente a comentar la noticia, no a difundir la frase. Los internautas utilizaban sus tuis (mensajes) incluso para criticar la expresión: "Gora ETA. ASCO", escribían varios de ellos. Pero el sistema que utiliza Twitter para localizar los temas sobre los que más se está discutiendo no distingue el motivo por el que el se comenta un asunto, y tampoco si, como en este caso, la expresión puede suponer un delito. El enaltecimiento del terrorismo está castigado en el Código Penal con una pena de prisión de uno a dos años.

Los tres supuestos etarras están siendo juzgados por un atentado con bomba-lapa en el vehículo del que fuera edil del PSE en Galdakao (Vizcaya), Juan Carlos Domingo, en el que resultó herido su escolta en 2007, hechos por los que la Fiscalía reclama 55 años de prisión.