Fabra anuncia un recurso ante el Constitucional que no paraliza el juicio

“Hasta Estrasburgo”, anunció el expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP de esta provincia, Carlos Fabra, que llegaría recurriendo y recurriendo en la causa que le llevará, en los próximos meses, a sentarle en el banquillo.

Lo dijo hace varios años y hoy lo ha hecho visible a través de un comunicado remitido a la agencia Efe en el que explica que ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, previo al recurso de amparo que presentará ante el Tribunal Constitucional, "en relación con la prescripción de los posibles delitos fiscales" que contempla el auto de apertura de juicio oral. De esta manera, Fabra recurre la decisión del Supremo, que ordenó que fuera juzgado por todos los delitos que se le imputan que, además de tráfico de influencias y cohecho, son, sumando los imputados a su ex esposa, siete fraudes fiscales por no ingresar en las arcas públicas 1,2 millones de euros.

El titular del juzgado número 1 de Nules decretó el viernes la apertura de juicio oral contra Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros como garantía de que hará frente a las penas que se le impongan, en el caso de que sea condenado. Hoy, a través de la agencia de información, ha reiterado su inocencia y su “firme convencimiento” de que será absuelto. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia han indicado que Fabra aún no ha presentado la fianza, pero que está en plazo.

En el comunicado, Carlos Fabra ha explicado que el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juez de Instrucción número 1 de Nules “se encuentra recurrido ante la Audiencia Provincial de Castellón”. En cualquier caso, estos recursos no paralizan la causa.

Fabra asegura en su escrito que “no existe delito de cohecho” y que la Audiencia Provincial de Castellón ya se “expresó en este sentido mediante una resolución anterior”. Para Fabra y su equipo jurídico “tampoco ha habido tráfico de influencias alguno, porque nada se hizo para conseguir legalización o ventaja administrativa alguna”. Además, afirma que “no existe delito fiscal alguno según se desprende del informe del perito fiscal nombrado al efecto”.