Tres etarras expulsados del juicio en la Audiencia por gritar "gora ETA"

El tribunal de la Audiencia Nacional que hoy juzga a los tres presuntos miembros del comando Otazua les ha expulsado de la sala después de que uno de ellos, Daniel Pastor, haya proferido gritos de "Gora ETA" e insultos a los magistrados y ha desalojado al público que les animaba con aplausos y vítores.

Los incidentes han comenzado cuando, al acabar el testimonio de un guardia civil, uno de los presuntos terroristas, Daniel Pastor, le ha insultado, tras lo cual la presidenta de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha ordenado trasladarle al interior del habitáculo blindado junto a los otros dos procesados, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria.

Sin embargo, cuando cuatro agentes de la policía se disponían a llevarles a la pecera, los tres han irrumpido en gritos y, en el caso de Pastor, ha espetado al tribunal expresiones como "me dais asco". En el momento en que era introducido en el habitáculo blindado, y tras un pequeños forcejeo con el policía que le custodiaba, Pastor ha advertido: "Aunque me pongáis las esposas, no me vais a callar".

Inmediatamente después, ha comenzado a proferir gritos de "Gora ETA", por lo que la presidenta de la sala ha pedido refuerzos, mientras una decena de personas que asistía como público se ha levantado para vitorear a los acusados, a los que animaban con las expresiones "Jo ta ke" (dale duro) y "Aupa". Por ello, la magistrada ha ordenado desalojar la sala y llevar a los tres supuestos etarras a los calabozos y continuar la vista "sin su presencia".

Al comienzo del juicio, Pastor, que se ha negado a declarar, ya se había dirigido al tribunal como "fascista y torturador", motivo por el que el fiscal Jesús Santos ha pedido deducirle testimonio, a lo que ha accedido la sala.

Los tres supuestos etarras están siendo juzgados por un atentado con bomba-lapa en el vehículo del que fuera edil del PSE en Galdakao (Vizcaya), Juan Carlos Domingo, en el que resultó herido su escolta en 2007, hechos por los que la Fiscalía reclama 55 años de prisión.