Montoro desafina
Las dudas del ministro sobre el déficit debilitan la imagen de firmeza del Gobierno
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría tuvo que defender con contundencia “la determinación del Gobierno” en cumplir el objetivo de déficit público en 2012, que deberá situarse en el 4,4% del PIB. Y tuvo que hacerlo porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afectado por el síndrome de facundia declarativa, había expresado a un periódico alemán sus dudas de que España pudiera cumplir con el objetivo de déficit este año. El argumento de Montoro es que la previsión de déficit se basa en unas proyecciones de crecimiento, calculadas por el Gobierno anterior, que ya no se cumplirán. Efectivamente, la economía española camina hacia una recesión acentuada que dañará el crecimiento y el empleo al menos durante los próximos dos años. Esta predicción ha sido avalada recientemente por el Fondo Monetario, pero ya era una hipótesis probable en diciembre de 2011. Parece que al ministro de Hacienda le ha cogido por sorpresa.
El correctivo de Sáenz de Santamaría no es un episodio banal. El compromiso de déficit es un acuerdo del Gobierno con la UE, consecuencia a su vez de acuerdos de reforzamiento financiero del área euro de los cuales se beneficia España. Puede y debe debatirse si una política de ajustes presupuestarios sin fin es la mejor política económica para combatir la recesión en la eurozona, pero el ministro de Hacienda de un país del euro no debe exponer en solitario sus dudas sobre la política económica española o europea.
Tampoco debe minimizarse el alcance del error político de tales manifestaciones, para España y para el euro. Transmite la impresión de que la política económica es motivo de discusiones y banderías. No es un factor tranquilizador para los mercados, a quienes este Gobierno prometió un ajuste de 15.000 millones en el último Consejo de Ministros. Podría suponerse que la posición del ministro de Hacienda es un movimiento táctico para sondear un posible aplazamiento en las obligaciones contraídas de ajuste presupuestario. Pero la tajante afirmación de la vicepresidenta avala la tesis de que Montoro ha sido o será reprendido por la salida de tono. Un eventual cambio en las condiciones y plazo del ajuste español no puede ventilarse en público; y mucho menos puede insinuarse como petición de parte, en este caso de España.
En resumen, es una torpeza política que debilita la credibilidad de la gestión española de la crisis. La amenaza de recesión prolongada, y probablemente agravada por los recortes presupuestarios pasados y futuros, requiere que el Gobierno se preocupe menos de declaraciones (hasta ahora, confusas, como la del propio Montoro sobre la persecución penal a los gestores que gasten más de lo que tienen), abrevie los trámites de informes y estudios y muestre su estrategia económica para combatir la crisis. Estrategia que, según sus reiteradas promesas públicas, incluirá políticas de crecimiento y creación de empleo.
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