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Fabra, al banquillo con una fianza récord para un político

El juez abre juicio oral al expresidente de Castellón, que debe depositar 4,2 millones de euros

El político popular tiene de plazo hasta el lunes para pagar o se le embargarán los bienes

Según el juez, Fabra defraudó a Hacienda cerca de 694.000 euros

Carlos Fabra en una imagen de archivo
Carlos Fabra en una imagen de archivo

El expresidente de la Diputación de Castellón y aún líder del PP provincial, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo, acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Así lo ha decidido el titular del Juzgado número 1 de Nules quien, en un auto, ha decretado la apertura de juicio oral contra Fabra, a quien ha impuesto una fianza de 4,2 millones. La fianza, en este caso, no es una medida para eludir la prisión, tal como ocurrió con el expresidente balear Jaume Matas. El juez la ha decretado como fórmula para que existan garantías de que el acusado, en el caso de que sea condenado, hará frente a su responsabilidad civil por el fraude y las multas que conllevan los otros delitos. Según los peritos de Hacienda, el entonces matrimonio Fabra defraudó 1,2 millones.

En el auto, el juez dio al dirigente del PP un plazo de un día, que con el fin de semana en medio se cumple este lunes. Si no deposita el dinero, se procederá al embargo de sus bienes.

La fianza, en este caso, no es una medida para eludir la prisión

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 13 años de prisión para Carlos Fabra, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. Por su parte, la acusación eleva su petición de prisión hasta los 20 años.

En su auto de apertura de juicio oral, con el que se remitirá el caso a la Audiencia Provincial, donde ha de ser juzgado, el juez incluye a la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández; al empresario que acusó a ambos, Vicente Vilar, y a la exesposa de este, Monserrat Vives. A la primera le exige una fianza de 1,7 millones y a Vilar y a Vives, 800.000.

“No me van a poder juzgar de nada”, dijo Carlos Fabra en diciembre de 2010, después de que el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, se refiriera a él como “ciudadano y político ejemplar”.

Con la remisión del caso Fabra a la Audiencia de Castellón, el procedimiento pasará por el trámite del reparto y, posteriormente recaerá en una sección, que será en la que se celebre el juicio y la responsable de señalar el día en el que comenzará la vista. Según las previsiones, podría celebrarse en el segundo semestre de este año.

Parece probable que se nombre un tribunal mixto, con jueces de distintas secciones. Esto se debe a que los magistrados de la sección segunda han sido los encargados de resolver los recursos que han llegado a este tribunal durante los más de ocho años que ha durado la instrucción. Por ello están “contaminados” y no pueden juzgar el caso. Por un error de reparto, según se dijo, uno de los recursos recayó en la sección primera, que preside el también presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, por lo que tampoco los tres magistrados que participaron en la resolución de este recurso podrán formar parte del tribunal de magistrados. Un segundo recurso llegó a esta sección pero no llegó a resolverse. Aún así, es posible que los jueces que lo admitieron también sean rechazados. De esta manera, en las secciones primera y segunda no quedan jueces suficientes para formar el tribunal.

El pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo ordenó que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así una decisión de la Audiencia provincial de Castellón. Este tribunal acordó en diciembre de 2010 sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.

Tras esta decisión, el juez de Nules pidió a las partes que presentaran sus conclusiones y ni siquiera ha esperado a que la Audiencia resuelva otro recurso pendiente, y que está debatiendo desde hace más de un mes, sobre la ampliación del número de imputados en la causa, tal como solicitó la acusación popular.