Elecciones con ERE

Sobre las elecciones autonómicas andaluzas convocadas para el 25 de marzo planeará, como sucedió en las municipales de mayo y las generales de noviembre, el escándalo del fraude de los ERE (expedientes de regulación de empleo). Las recientes revelaciones de Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer de Javier Guerrero, el director general de Empleo de la Junta de Andalucía que autorizó el grueso de los 647 millones de euros destinados a las empresas andaluzas en crisis entre 2001 y 2010, han desbaratado los últimos intentos del PSOE y de la Junta andaluza por distanciarse lo más posible del caso de corrupción en estas vísperas electorales.

 El exchófer ha contado a la policía que obtuvo de su antiguo jefe dos subvenciones de 450.000 euros cada una —luego se ha sabido que hubo una tercera por la misma cuantía para él y un amigo— a cuenta de las ayudas públicas destinadas a los ERE. No solo eso: ha reconocido que buena parte de ese dinero lo destinaron él y Guerrero a comprar cocaína e ir de fiestas y copas y a invertirlo en un terreno posteriormente vendido —es de suponer que con las consiguientes plusvalías—, un piso en Sevilla y otros bienes de menor cuantía. La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE falsos, tendrá que investigar si sirvieron también, además de para apañar fraudulentamente la jubilación a familiares y amiguetes, para “colocarse” y divertirse...

La denuncia del exchófer puede parecer surrealista, y los responsables del PSOE andaluz y de la Junta se han mostrado “horrorizados” e “indignados”, pero como si no descartaran del todo que tales hechos hayan ocurrido. El abogado de Guerrero ha anunciado querellas, pero la juez de los ERE tiene otra faceta del caso, si se quiere esperpéntica, que añadir a su investigación. Es lo que ha hecho, incorporando la denuncia al grueso del sumario.

La Junta de Andalucía alega que está haciendo todo lo que está en su mano para descubrir a los corruptos y perceptores ilegales de las pólizas de prejubilación. Es cierto que denunció el caso ante la justicia y que su investigación va incluso por delante. A la treintena de imputados en la causa, la Junta añade 72 intrusos identificados y 111 casos de personas con irregularidades administrativas en los cobros de sus pólizas. Pero la cuestión no es lo que hace ahora la Junta de Andalucía, sino lo que no hizo en los 10 años en que uno de sus altos cargos “podía conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar”, como le comentó Guerrero que hacía a su exchófer, según denuncia este último.

Puede que se trate de un farol, pero parece innegable que hubo un descontrol en la gestión de los fondos públicos destinados a los ERE que no tiene explicación. El PSOE andaluz tendrá dificultades para desembarazarse de este problema en la campaña electoral, al margen de que el PP haga del asunto un caso político, tanto o más que judicial, y que intente sacar el mayor rédito obstaculizando al máximo la campaña del candidato socialista, José Antonio Griñán.