La basura, más allá del ‘caso Brugal’

Los problemas de la basura en Alicante no se limitan únicamente al caso Brugal. La misma recogida de los residuos urbanos es ya un problema mayúsculo en algunos municipios. La deuda de los Ayuntamientos con las empresas concesionarias han conllevado impagos de estas a los trabajadores e importantes amenazas de huelga, casi todas resueltas a última hora.

La única huelga que se ha llevado finalmente a término fue la convocada por los trabajadores de Ginssa en el municipio de San Fulgencio después de que la mercantil concesionaria dejara de pagar las nóminas de los empleados por la deuda de 1,2 millones que arrastraba con el Consistorio. Tras acumular unas 30 toneladas de residuos urbanos en sus calles, el Gobierno local, del PP, se decidió a municipalizar temporalmente el servicio para poder pagar a los trabajadores la nómina de noviembre y la extra de Navidad.

Al rescate de la concesión que tenía FCC también se vio obligado Finestrat tras perder dos contenciosos contra la empresa concesionaria, a la que debía unos 4 millones de euros. Ahora el servicio es municipal, pero el Consistorio, gobernado por el PP, acordó abonar la deuda con FCC en 10 anualidades.

Los casos más graves han sido los de Alicante y Benidorm. En la capital los 600 trabajadores de Inusa, empresa participada en un 30% por el contratista Enrique Ortiz, convocaron una huelga de recogida de basura en pleno mes de agosto por el retraso en cobrar su nómina y algunos atrasos y la amenaza de despidos por una del Consistorio que la empresa cifró en 30 millones de euros. Finalmente tuvo que mediar la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, que interrumpió sus vacaciones y garantizó el día antes de comenzar la huelga las demandas de los empleados.

En Benidorm la deuda municipal con FCC, que también gestiona el vertedero del plan zonal de las Marinas, ubicado en El Campello, está cifrada por la mercantil en 44 millones de euros. FCC comunicó a los trabajadores a finales de año que no podría pagarles la nómina y sus 120 empleados fijos amenazaron con ir a la huelga a partir del 10 de enero. Un pequeño adelanto del Ayuntamiento abortó la intención.

En Orihuela, la huelga se desconvocó el mismo día que debía comenzar, el 21 de diciembre, tras comprometerse el Ayuntamiento a anticipar 185.000 de los 730.000 euros que mensualmente recibe la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast, una adjudicación que investigada el caso Brugal. El adjudicatario reclama una deuda de unos 9 millones de euros, pero el tripartito que gobierna la ciudad, formado por Los Verdes, El PSPV y el CLR-Claro, ha iniciado los trámites para rescindir la concesión.

Es precisamente lo que hizo L'Alfàs del Pi el pasado mes de octubre. Tras anular los trabajadores la huelga que habían convocado apenas 12 horas antes de iniciarse, el Ayuntamiento, gobernado por el PSPV, que aseguraba estar al corriente del pago con el Grupo Generala, negoció la rescisión de un contrato que comenzó en 2010 para volverlo a adjudicar este año.

El último episodio se ha vivido en Callosa del Segura, cuyo contrato de recogida de basura tien la firma Colsur, de Ángel Fenoll, cabecilla de la trama Brugal, que reclama una deuda municipal de dos millones. Los trabajadores no han cobrado nada desde noviembre, pero la huelga prevista para el día 5 no se llevó a cabo por la división de la plantilla. UGT aseguró que estudiaría la actuación de Colsur porque considera que había manipulado el paro.