PSOE y PP indultan a las Diputaciones

Nacieron hace 200 años. El artículo 325 de la Constitución de Cádiz establecía que cada provincia contaría con una Diputación “para promover su prosperidad”. La pasada campaña puso a estas instituciones en el punto de mira. El PSOE dijo que su supresión supondría un ahorro de 1.000 millones. Pero ese discurso solo lo mantiene ahora, y con matices, IU. Los socialistas aseguran que solo es necesaria una adaptación y los populares afirman que son “útiles y viables”. Las Diputaciones han quedado indultadas.

En España hay 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes y suman una población de unos 15 millones de personas a las que hay que prestar servicios en igualdad de condiciones con los residentes en grandes urbes. Esta es una de las claves para su mantenimiento, según defiende Juan Manuel Moreno, coordinador de Política Autonómica y Municipal del PP. Pero Moreno entiende que hay que “redimensionarlas” con criterios de “austeridad y racionalidad” y evitando duplicidades con los Gobiernos autonómicos y las mancomunidades.

En este sentido, el PP propone una reforma legislativa que fije un “catálogo de competencias” y los objetivos de las diputaciones que, según Moreno, no deben ser otros que atender a los municipios y no competir con las capitales.

El mismo criterio de racionalización y eliminación de duplicidades quiere aplicar el PP a las 1.027 mancomunidades. “Las hay justificadas”, señala el coordinador del PP, quien aboga por una reforma de todo el conjunto con diálogo y de acuerdo con las Comunidades Autónomas. “La coyuntura de falta de recursos obliga a hacerlo y es lo que demandan los ciudadanos”, argumenta.

Pero el PP advierte de que el supuesto ahorro no debe ser el criterio fundamental para cuestionar las Diputaciones, ya que la deuda a 30 de junio era de 351 millones, tan solo el 0,7% del total de las administraciones. Sí defiende la necesidad de cambiar el sistema de elección para ganar en legitimidad.

Socialistas y populares abogan por una adaptación consensuada

El secretario de Política Municipal del PSOE, Juan Manuel Fernández, coincide en muchos aspectos con las propuestas de Juan Manuel Moreno y defiende que ha sido Andalucía la primera en poner sobre la mesa una normativa que fije las competencias y la financiación. También defiende que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) asuma esta iniciativa para garantizar la supervivencia de estas instituciones, que considera, sin ninguna duda, “necesarias” por, como en el caso de Andalucía, la configuración del territorio: extenso, con muchos núcleos pequeños (el 80% tiene menos de 20.000 habitantes) y muy diseminados.

También defiende la permanencia de las mancomunidades que responden, según Fernández, al “sentido común de los alcaldes”.

Añade Fernández un criterio de sostenibilidad para defender la organización municipal y la supervivencia de los municipios pequeños en áreas del territorio que, de otra manera, quedarían despobladas. “Redistribución de la riqueza, equilibrio territorial y defensa de la cultura”. Son las tres funciones que, según Fernández, cumple la Administración local y que difícilmente serían asumibles por otra.

Y por estas razones y por cuestiones históricas, tampoco ninguno de los dos partidos es favorable a la eliminación de los pequeños municipios, que consideran un elemento básico de la sostenibilidad territorial.

IU, por su parte, ha pasado de un discurso claramente contrario a las Diputaciones en el ámbito nacional a matizarlo en su propuesta regional, ya que no descarta una reconversión orientada hacia la comarcalización. “Se trata de darles una función diferente o de su desaparición. No son instituciones para el siglo XXI, que exige otra forma de arquitectura de la Administración pública y del conjunto del Estado”, sostuvo el coordinador andaluz, Diego Valderas.