El juez Urquía seguirá en la nevera

El juez Francisco Javier de Urquía, condenado en firme por cobrar un soborno de 73.800 euros del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, no podrá reincorporarse todavía a la carrera judicial. A pesar de que Urquía ya ha cumplido su pena de inhabilitación —21 meses— por esta causa y de haber sido rehabilitado en sus funciones el pasado diciembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el juez tiene aún vedado el paso a la carrera judicial. El magistrado tiene pendiente de resolverse una causa por el supuesto cobro de sobornos a imputados en el caso Hidalgo, que él mismo instruía en 2007, a cambio de dejarles en libertad bajo fianza. Urquía fue condenado por estos hechos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación. Sin embargo, el magistrado recurrió ante el Tribunal Supremo, y la sentencia está aún pendiente de confirmación o anulación.

Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, al seguir abierto este segundo asunto judicial, Urquía, de 43 años, debe seguir suspendido en sus funciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y magistrados contra los que se haya actuado “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones” serán suspendidos en su cargo. Esta suspensión, según el artículo 384 de dicha ley “durará (…) hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”.

El decreto de suspensión de Urquía derivado de esta segunda causa por prevaricación y cohecho aún no ha sido emitido por el órgano de gobierno de los jueces. Las fuentes del CGPJ consideran que puede estar en el orden del día de la próxima comisión permanente o del pleno del Consejo. No obstante, un vocal de este organismo afirma que la tramitación de este decreto, en cualquier caso, “no corre prisa”, ya que tras su imputación por cobrar sobornos de Roca, Urquía fue desposeído de su plaza en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella y todavía no se ha convocado el nuevo concurso de plazas. Para volver a la judicatura, Urquía debería concurrir a esta convocatoria, prevista para las próximas semanas.

De hecho, aunque el magistrado se presentara al concurso y el Consejo le asignara un nuevo destino, en el tiempo que transcurra entre la adjudicación de plaza y la incorporación, todavía se podría emitir el decreto de suspensión. “La ley es taxativa, no es una cuestión discrecional del Consejo; si un magistrado está incurso en una causa penal derivada del ejercicio de su función, debe ser suspendido provisionalmente”, afirma el vocal judicial, que compara su caso con los de los jueces Baltasar Garzón y Francisco Serrano, apartados de sus juzgados por diferentes casos de prevaricación.

Desde que entró en la nevera judicial, Urquía ha trabajado como abogado para diferentes despachos de Marbella. En el segundo juicio por cohecho contra Urquía en el TSJA —el del soborno del caso Hidalgo— el magistrado suspenso manifestó ante el tribunal que no tenía intención alguna de volver a vestir la toga de juez. Esta aseveración, hecha de pasada, quizá formaba parte de su estrategia para lograr una pena de inhabilitación más leve en ese juicio. Sin embargo, sus palabras en la vista oral no se compadecían con sus movimientos ante instancias oficiales encaminados a lograr la reincorporación al servicio activo.

En abril de 2009, tras cumplir el periodo de inhabilitación por su primera condena, Urquía solicitó por escrito al CGPJ que le incluyera en el primer concurso de adjudicación de plazas que se convocara. Sin embargo, el órgano de gobierno judicial rechazó su pretensión al entender que los antecedentes penales por esta causa, que no expiran hasta finales del presente año, impedían legalmente la reincorporación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial impide que una persona con antecedentes penales en vigor pueda ingresar en la carrera judicial. Sin embargo, nada dice acerca de la reincorporación de personas que ya son miembros de la carrera y sobre los que pesan antecedentes por causas ocurridas cuando ya eran jueces. El CGPJ interpretó que ese vacío legal se llenaba por analogía: si no se puede acceder a la judicatura con antecedentes penales, lo lógico —el espíritu de la norma— es que alguien que ya es juez no podrá reincorporarse hasta que se extingan los antecedentes.

La defensa de Urquía lo veía de forma diferente. Si la ley no dice nada expresamente sobre la reincorporación con antencedentes, no hay obstáculo para ello. Al final, el pasado diciembre el Supremo acabó dando la razón al juez condenado por corrupción.

Lo cierto es que Urquía, hijo del expresidente de la Audiencia Provincial de Alicante Faustino de Urquía, ha salido muy bien parado de su paso por el alto tribunal. En abril de 2008, la Sala de lo Penal rebajó sustancialmente la condena que le había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cobrar sobornos de Roca, a cambio de prohibir la emisión de un programa de televisión que indagaba en el patrimonio del exasesor urbanístico marbellí en los meses previos a la operación Malaya.

Por estos hechos, el tribunal andaluz le había condenado a dos años de cárcel y siete de inhabilitación por cargos de prevaricación y cohecho. El Supremo le absolvió del primero de los delitos y rebajó la gravedad del segundo, con lo que la condena quedó en una multa equivalente a la cantidad cobrada y la pena de inhabilitación.