La falta de liquidez obliga a Fabra a subir el IRPF y mutilar el Presupuesto

La Comunidad Valenciana, que lleva muchos meses sufriendo los efectos de una crisis que ya se salda con 535.000 parados, cerró ayer finalmente una época caracterizada por el despilfarro y una imagen de esplendor y se aplicó a recortar en 1.000 millones sus presupuestos y a la subida de impuestos. La Generalitat se vio forzada ayer, en un ejercicio insólito vistos los últimos años, a quitarse la máscara de autonomía idílica que vistió en tiempos de los presidentes Eduardo Zaplana y Francisco Camps, sentado este ahora en un banquillo acusado de un delito de cohecho impropio por su buen trato con la trama mafiosa del caso Gürtel.

El primer tajo se fijó en un ahorro de 379 millones en el capítulo 1, el de gastos de personal. Y que en la práctica es el único paquete, el de recortar a base del salario de los funcionarios, sobre todo de educación y sanidad, que permite ganar en liquidez inmediata para frenar la lucha del Consell contra los mercados financieros.

El segundo paquete es el de los impuestos, denostado atajo para el PP que, una vez abierto por Rajoy, da vía libre a Fabra para recaudar más con el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Se gravará más a las rentas altas (dos nuevos tramos a partir de 120.000 euros), en eliminar la desgravación de la vivienda habitual y, sobre todo, en llevar al máximo el denominado céntimo sanitario, que grava los hidrocarburos (hasta 3,6 céntimos por litro). No se recurre al impuesto de patrimonio. Por último, otros 440 millones se sacarán de sanidad, con una central de compras de farmacia hospitalaria, optimización de la gestión o la revisión de los conciertos. Se renuncia por ahora al copago.

Sin posibilidad de echarle la culpa de la crisis valenciana a la herencia de un partido rival, el presidente Alberto Fabra ha tenido que asumir así implícitamente los errores cometidos los últimos 16 años, que han llevado a un endeudamiento insostenible (el mayor entre las autonomías, con un 19,9% del PIB) y a una falta de liquidez que ha forzado al Gobierno central a intervenir para no incurrir en el impago de una deuda financiera.

Y lo ha hecho haciendo trizas unos Presupuestos aprobados el pasado 21 de diciembre por los diputados de las Cortes Valencianas, con un recorte de 1.057 millones. El objetivo, obtener liquidez inmediata, puesto que los mercados ya no se fían de una comunidad autónoma cuya deuda ronda la calificación de bono basura para las agencias internacionales.

“Es evidente”, explicó ayer el vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Ciscar, “que si no hubiéramos gastado más que lo que ingresábamos no existiría el déficit”. Ciscar, que se estrenaba ayer como nuevo rostro del Consell, dado que Fabra siguió la línea del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no desgastarse con el anuncio de las medidas más dolorosas, aún tuvo palabras para defender la necesidad de las infraestructuras creadas durante años de política de grandes eventos. Así, llegó a asegurar que los valencianos prefieren, por ejemplo, tener déficit a no tener la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Pese a ese brindis a sus predecesores, el portavoz tuvo que hacer frente a la dura realidad y desgranar unas “medidas excepcionales” motivadas por una “situación excepcional”. Un paquete de medidas que se sustancia en un recorte de 1.057 millones, que representan un 7% del Presupuesto, aún sin estrenar, aprobado hace dos semanas, y que ya reducía en un 6,5% el de 2011.