El Supremo investigará a Blanco por los supuestos sobornos de Dorribo

Era una decisión esperada, aunque no por ello menos trascendente. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó ayer los argumentos de la fiscalía y asumió la investigación contra el exministro de Fomento José Blanco por su supuesta implicación en el caso Campeón, la supuesta trama empresarial de fraude de subvenciones públicas que instruye el juzgado número 3 de Lugo. El magistrado José Ramón Soriano será el encargado de investigar la parte del caso que afecta al exministro, que sigue siendo aforado al haber sido reelegido como diputado. Soriano tendrá que esclarecer si son ciertas las acusaciones contra Blanco del empresario farmacéutico Jorge Dorribo, que aseguró haberle pagado a cambio de gestiones para obtener una subvención del Ministerio de Economía.

La resolución, firmada por los magistrados Juan Saavedra (presidente), Julián Sánchez Melgar (ponente), Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero y Francisco Monterde afirma que la exposición razonada por la que la juez de Lugo Estela San José envió el caso al Supremo relata “indicios correspondientes a los presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias que confluyen en el comportamiento del aforado”, es decir, Blanco. El auto sugiere que algunos de los aspectos de las declaraciones del empresario están respaldados por correos electrónicos, facturas, transferencias, intervenciones telefónicas y mensajes de móvil. Todo ese material permitiría inferir “indiciariamente” una serie de entregas de dinero a Blanco realizadas presuntamente a través de su primo político y también empresario Manuel Bran.

La Sala admite que la investigación es todavía “incipiente”, pero se apoya en el escrito del fiscal, que pidió que el Supremo asumiera la competencia en lo que afecta al exministro porque la indagación “necesariamente debe llevarse a cabo”.

La exposición razonada enviada el pasado 31 de octubre por la juez San José al Supremo recoge tres declaraciones contradictorias de Dorribo. En la primera de ellas asegura que entregó en Andorra más de 40.000 euros a José Antonio Orozco, socio de la asesoría Proitec, que supuestamente iban destinados a Blanco a cambio de su intermediación con el Ministerio de Sanidad para agilizar una autorización para que su empresa, Laboratorios Nupel, pudiera comercializar medicamentos en formato unidosis. Esa autorización nunca fue concedida por el ministerio.

En esa primera declaración, Dorribo también habla de un encuentro con Blanco, en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) el 5 de febrero de 2011, gestionado por su primo político Manuel Bran. La existencia de esa reunión —que se produjo presuntamente en el mismo coche oficial de Blanco— quedaría acreditada por una llamada entre Bran y el empresario farmacéutico realizada a las 9.57 de ese día para concertar esa cita.

La segunda declaración del empresario contradice a la primera. En ella, Dorribo dice que ese supuesto pago de más de 40.000 euros realizado en Andorra fue en realidad de 90.000, y que se hizo a través de una sociedad denominada Salut d’Innovació. En esa comparecencia también asegura que media hora antes de que llegara Blanco a la gasolinera de Guitiriz, quedó allí mismo con Bran, al que le entregó otros 200.000 euros para el exministro. El objetivo de esa entrega, según Dorribo, era “agilizar los trámites en el Ministerio de Sanidad y la subvención del Ministerio de Economía”.

La juez de Lugo también encuentra indicios de tráfico de influencias en la supuesta ayuda de José Blanco a José Antonio Orozco mediante gestiones con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) para que su empresa, Azkar, pudiera construir una nave en el aeropuerto de esa localidad. Esos indicios aparecen en las llamadas y SMS intervenidos a Orozco. En total, las comunicaciones grabadas entre Orozco y el exministro son 14. En una de esas llamadas, Blanco pregunta al empresario si el alcalde de Sant Boi “es de los suyos”.

El Código Penal castiga el cohecho con penas de prisión de tres a seis años. El tráfico de influencias conlleva una sanción de seis meses a dos años de cárcel.