La Xunta destituye al alto cargo cuya esposa recibió ayudas millonarias

Imputado en mayo en la Operación Campeón, Carlos Silva, a la sazón subdirector del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), fue apartado de su puesto, pero siguió en un cargo de libre designación del instituto, el de técnico responsable de la Oficina Norte del Igape, con competencias en A Coruña y Lugo. Siete meses después, y ante la revelación de que sociedades participadas por su esposa habían sido agraciadas en poco más de un año con siete millones de euros en ayudas tramitadas por el Igape, el consejero de Economía e Industria, Javier Guerra, anunció ayer el cese de Silva, que abandona su puesto de jefe de la zona norte.

El anuncio de la destitución llegó en respuesta a las preguntas de EL PAÍS. Guerra, de visita en Pontevedra, aseguró que ya el viernes había procedido al cese. “El domingo se publica una información, pero nosotros el viernes ya habíamos procedido al cese”, aseguró el consejero, que dijo haber tenido constancia de estas ayudas a través de las pesquisas internas de la consejería, de la que depende el Igape. “Nosotros llevábamos algún tiempo con alguna indicación, y teníamos una investigación dentro del Igape al respecto”, apuntó Guerra, que ironizó sobre la “casualidad” que supone que el cese se firmase dos días antes de que los hechos saliesen a la luz pública.

Guerra subrayó que, de las empresas en las que la esposa de Silva, Josefa Otero, tenía participación, solo una de ellas ha cobrado finalmente la ayuda, un préstamo de 1,3 millones de euros a interés del 0% pagadero en cinco años. Aseguró que esta partida fue aprobada por el bipartito, y que es el Ministerio de Industria el encargado de abonarlas. Sobre las ayudas millonarias de 2011, adujo que no han sido abonadas, aunque admitió que se concedieron.

Guerra opuso además que estas sociedades habían renunciado al cobro debido a la crisis. “Tristemente, las empresas a veces quieren empezar procesos de inversión y dadas las circunstancias de las compañías, porque no encuentran financiación o porque el mercado va peor de lo que esperaban, en algunos casos renuncian”. Estas dos ayudas, de 2,7 y 2,65 millones de euros, respectivamente, habían sido concedidas a dos sociedades participadas por Otero y constituidas entre una semana y un mes y medio antes de su autorización por el Igape. Enmarcadas en el Plan de Reindustrialización de Ferrol, las dos sociedades estaban formadas casi por el mismo accionariado, planteaban proyectos muy similares y tenían sedes contiguas. Otra subvención, 500.000 euros del fondo de incentivos regionales, sigue en trámite, pero Guerra anunció que probablemente se paralice. “No se pagará hasta que se justifique la inversión o si hay alguna circunstancia que lleve a no pagar”.

El consejero fue insistente en afirmar que la información sobre el auge subvencionador de Igape a la esposa de Silva se descubrió por una investigación interna, sin relación alguna con el caso Campeón, que lleva la titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, y que, además de a Silva, tiene imputados al exdirector del Igape, Joaquín Varela, a los exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG) y que afecta al ministro en funciones José Blanco. En este desconocimiento previo y en la situación contractual de Silva justificó Guerra el que el ahora destituido subdirector siguiese en el Igape en un puesto de libre designación, a pesar de que el consejero siempre negó que el cargo de jefe de la zona norte fuese de confianza.

“Cuando surge el caso Campeón lo suspendimos y apartamos porque no podíamos hacer otra cosa. No teníamos más información porque el caso está bajo secreto de sumario”, adujo, y explicó la situación jurídica de Silva. “Por su contrato tiene derecho a un puesto de técnico responsable. El Igape tenía obligación de ofrecerles los que estaban disponibles, y él escogió el puesto que tenía en estos momentos”, añadió. “Vamos a proceder con el expediente administrativo que corresponda, hay una investigación abierta en este momento que lleva consigo un expediente, y como consecuencia del mismo tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Por supuesto que si hay algún tipo de problema se impondrá la sanción que corresponda, que no se la puedo predecir, pero faltaría más que la vaya a haber”.