“¡He encontrado a mi madre!”

He encontrado a mi madre! Estoy en shock. Pensé que nunca iba a conocerla”. Randy Ryder, nacido en Málaga y vendido por 5.000 dólares a un matrimonio extranjero en marzo de 1971, acaba de encontrar a su madre biólógica. Justo cuando había perdido toda la esperanza. Cuando casi había desistido, desanimado por tantas gestiones infructuosas y en algún caso dolorosas, como el resultado negativo de una prueba de ADN con una mujer que creía ser su hermana y con la que ya se había encariñado. El caso de Randy es uno de los escasísimos reencuentros que se han producido entre víctimas del robo de niños o adopciones irregulares. En todos ellos ha sido la casualidad, la investigación en medios como EL PAÍS y, sobre todo, la tenaz búsqueda, casi detectivesca, de los afectados lo que ha permitido que madres e hijos hayan vuelto a reunirse. Solo un puñado lo ha logrado: apenas seis de casi 1.500 denuncias que están siendo investigadas en fiscalías y juzgados de toda España.

Randy llevaba 12 años buscando sus orígenes. Ya se había hecho una prueba genética con Marimar, que, tras ver su foto el pasado marzo en EL PAÍS, se convenció de que él era el hijo que le habían robado a su madre en 1971. Aquella prueba salió negativa. Sin embargo, el pasado martes le llegó a Randy el dictamen de otra analítica destinada a comparar su huella genética con la de otra mujer. Y esta vez sí: el ADN prueba que ambos son madre e hijo con una seguridad del 99,999%. Coinciden 15 de los 15 marcadores que analizan los laboratorios.

Randy Ryder ha tenido éxito y ha encontrado a su madre. Todavía no se conocen personalmente. Apenas les ha dado tiempo a contarse, por correo electrónico, algunos detalles de sus respectivas vidas. “Ella es sudafricana, pero vive en Londres, y yo, en Austin (Texas). Tenía 25 años cuando se quedó embarazada de mí en Málaga. Era actriz. Estaba soltera y no planeaba tener hijos en aquella época. Me ha dicho que fue un accidente y que su madre le obligó a darme en adopción”, explica desde EE UU. “Vamos a vernos muy pronto”. Randy va a conocer a su madre a los 40 años. “Ella tiene ahora 65. Me dice que está muy bien de salud y que hace ejercicio todos los días...”.

Ella quiere guardar por ahora el anonimato. Si ha encontrado a Randy es por casualidad. A raíz del reportaje publicado en este periódico sobre él, la cadena británica BBC incluyó su historia en un documental sobre las tramas de robo de niños en España. La madre de Randy lo vio y pensó que podía ser ese hijo que le habían obligado a dar en adopción hace 40 años. Su único hijo, porque no volvió a quedarse embarazada.

A Randy le cuesta asimilar lo sucedido. “Me siento extraño. Hace 12 años me cayó encima una bomba”, cuenta, recordando el día en que su padre adoptivo, Randolph Edward Ryder, le contó que no era su padre. “Me dijo que había pagado 5.000 dólares por mí [unos 3.700 euros] y que había seleccionado al mejor niño de todos los que había. También me contó que mi padre era un extranjero que trabajaba en un bar de Málaga”.

Toda la documentación oficial de Randy asegura que es hijo biológico de Randolph Edward Ryder, natural de Seymore (Texas), y de Roswitha Huber, de Hollabrunn (Austria). “Según los datos obrantes en este Registro Civil, no ha sido nunca adoptado y su madre biológica es la que figura en la inscripción de nacimiento, doña Roswitha Huber, como así consta igualmente en el parte del facultativo que asistió al nacimiento, el doctor don Manuel Muñoz Nieto”, se lee en un oficio que la juez María Dolores Moreno envió en 1999 al Consulado General de España en Houston respondiendo a la solicitud de Ryder. Pero toda esa documentación es falsa: el matrimonio no podía tener hijos y Roswitha jamás estuvo embarazada.

Al contrario que la mayoría de los niños robados o apropiados en adopciones irregulares entre los años cincuenta y casi los noventa en España, Randy no tuvo especial suerte con sus padres adoptivos. La austriaca Roswitha Huber era alcohólica. “Cuando era pequeño y estaba ebria, me decía que me había cogido de una mujer en España. Nunca le hice mucho caso porque cuando yo le preguntaba a mi padre [adoptivo], él me decía que no la creyera, que se volvía loca cuando bebía. Ella misma lo negaba después, cuando estaba sobria”.

El matrimonio se divorció en 1973, dos años después de haber adoptado a Randy. El niño fue a vivir con su madre a Viena, pero como esta seguía bebiendo mucho, los servicios sociales lo llevaron a una casa de acogida cuando tenía 11 años. Cuando iban a darle en adopción por segunda vez a otra familia, su padre adoptivo fue a recogerle.

Ahora, los planes inmediatos de Randy son: “conocer a su madre” y “buscar justicia en los tribunales porque tengo pruebas de que todo se hizo de forma ilegal. Quiero que el doctor que firmó que mi madre biológica era Roswitha Huber responda por esto”.

El doctor Muñoz Nieto, que aún ejerce en Málaga, aseguró el pasado marzo: “Yo no hice el seguimiento del embarazo de esa mujer. Me llamaron del sanatorio San Ramón porque su médico no podía atender el parto y fui. No ir hubiera sido denegación de auxilio. No hablé con ella. Cuando llegué, el anestesista la durmió enseguida. ¿Que por qué puse aquel nombre [Roswitha Huber] en el parte? Porque fue el que me dijeron que pusiera en el sanatorio”.

Otro de esos escasísimos reencuentros entre hijos y madres separados al nacer por engaños o por dinero se ha producido en Cataluña. Una mujer ha localizado 37 años después a la hija que le dijeron que había muerto en el parto. Dos pruebas de ADN han confirmado que son madre e hija. Ruegan que no se difundan detalles que sirvan para identificarlas porque hay una investigación abierta y no quieren dar excesivas pistas a los responsables y porque no toda la familia conoce lo sucedido. Pero acceden a contar su historia, por primera vez, a EL PAÍS.

“Mis padres adoptivos siempre me dijeron que era adoptada y que cuando quisiera conocer mis orígenes, me ayudarían a buscar. Mi padre adoptivo decía que detrás de una adopción siempre había alguien que había sufrido. Así que con 20 años me acompañaron a la Diputación a pedir los papeles de mi adopción. La sorpresa fue que con el sobre de la supuesta renuncia de mi madre biológica venía un certificado de defunción con mi nombre. Pensamos que era un error sin más, y yo no me atreví durante muchos años a llamar a mi madre biológica utilizando los datos que me habían dado. Hasta que al final me decidí y la llamé”, relata María (nombre ficticio).

“Mi madre reaccionó fatal. Me insultó. ‘¿Pero quién eres? ¿Qué quieres de mí? Esto es una broma de muy mal gusto. Yo tuve un hijo en ese hospital en esa fecha, pero era un niño ¡y se murió!’, gritaba”. Teresa (nombre ficticio) no la creyó. A ella le habían dicho que había alumbrado un niño, no una niña, y que el bebé había muerto al nacer. Eso era lo que había creído durante 37 años. Tenía 20 cuando dio a luz y abandonó el hospital sin un solo papel. Estaba soltera.

Teresa no creyó a María, pero le generó una inquietud insoportable y volvió a contactar con ella. “A los pocos días me llamó porque quería ver esos papeles que yo tenía. Y quedamos. Resultó que ella tenía otra hija, dos años menor que yo. Éramos idénticas”. “Mi madre me aseguró que ella no había firmado nunca aquellos papeles de renuncia a mí. A la investigación incorporaremos una prueba grafológica”, relata María.

Al principio, ninguna de las dos entendía lo que había ocurrido, porque entonces aún no se hablaba de los niños robados. “Hemos pasado por todas las fases: negación, tristeza, rabia…”, relata María. “Repetimos las pruebas de ADN en dos laboratorios distintos porque mi madre no se creía los resultados. Para ella ha sido especialmente difícil. Yo no he sufrido porque he tenido unos padres estupendos, pero mi madre ha sufrido muchísimo por todos estos años que yo he existido y ella no lo sabía. Se ha perdido 37 años de la vida de su hija”.

Teresa no ha podido conocer a los padres adoptivos que han criado a su hija porque estos fallecieron hace unos años. “Pagaron más de 600.000 pesetas por mí [unos 3.600 euros], pero a un notario. Nunca pensaron que detrás hubiera nada raro”, afirma María.

Su caso es uno de los 1.414 que han recibido en menos de un año las fiscalías de toda España por robo de niños o adopciones irregulares. Nunca en la historia de la justicia española se habían cursado tantas denuncias por un mismo asunto, como recordaba hace poco el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. De todas ellas, solo seis han terminado en reencuentro. Otras 334 han sido archivadas. Se han realizado 14 exhumaciones, 73 análisis de ADN ordenados por los jueces y han sido interrogados dos médicos señalados directamente por las víctimas. Pero la dificultad de investigar, tantos años después, es enorme y los resultados no siempre son los esperados.

En Madrid, donde hay más de 200 denuncias, las investigaciones se han topado con una seria dificultad que impide la línea de actuación seguida en otras regiones: es imposible hacer exhumaciones de cadáveres porque entre 1980 y 1990 fueron destruidos todos los cuerpos de neonatos que había hasta entonces en nichos y tumbas o bien fueron llevados a osarios comunes.

Las 14 exhumaciones realizadas han permitido, por ejemplo, comprobar que no tenían base las denuncias presentadas por una mujer de Zaragoza y otra de Albacete, que pensaban que sus hijos no habían fallecido, como les decían los médicos, sino que les habían sido robados. En ambos casos, el análisis de ADN probó que los fetos inhumados eran realmente hijos de esas mujeres. Es decir, que no se los habían sustraído, sino que efectivamente murieron.

Muchas de las investigaciones abiertas se han cerrado porque, según fuentes de la Fiscalía General del Estado, “se ha acreditado que el niño no fue robado, sino que fue vendido con el consentimiento de la madre”. Ha quedado constatado, pues, que en España hubo redes de tráfico de bebés no solo en el franquismo, sino durante los 20 primeros años de democracia. En otros supuestos, las pesquisas judiciales han dejado al descubierto muchas adopciones irregulares, según fuentes de la fiscalía.

Los casos que se están investigando son los de detención ilegal (secuestro), consistentes en la sustracción del menor. La Fiscalía General del Estado sostiene que, bajo ese prisma, se trata de un “delito permanente”, que solo termina cuando la víctima se entera de lo que le sucedió en el pasado. Eso permite que estos asuntos no hayan prescrito y que, por tanto, puedan ser investigados judicialmente. Por eso, la Audiencia de Valencia ha ordenado ahora a un juez de Gandía que reabra unas diligencias que había cerrado por creer que el tema había prescrito.

La activa movilización de los miles de afectados se ha saldado solo con el interrogatorio de dos ginecólogos (uno de Madrid y otro de Vizcaya). Próximamente será citada por la Fiscalía de Madrid una monja que aparece repetidamente nombrada por las víctimas en relación con el tráfico de bebés.

Pese a los esfuerzos de los Ministerios de Justicia e Interior, las diversas asociaciones de afectados no están contentas. Creen que el Gobierno debería dar más medios y facilidades para ayudarles en la búsqueda de sus familiares. Los fiscales, por su parte, consideran que no pueden hacer más porque su competencia se limita a perseguir delitos y porque la Ley de Protección de Datos les impide ir más allá.

El fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, aconsejó recientemente a Mar Soriano, portavoz de la Plataforma de Afectados por el robo de niños, que pida al Gobierno la creación de una agencia estatal que coordine las acciones penales y civiles y pueda cruzar datos obtenidos en centros médicos y en otros registros. “El día 12 presentaremos a Justicia un proyecto para la creación de esa agencia”, anuncia Soriano. Esta se queja de que el Estado no esté utilizando todos sus resortes para aclarar estos casos, aunque aplaude que la fiscalía considere que el robo de niños es un delito de detención ilegal.

Antonio Barroso, fundador de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), fue vendido por una monja por 200.000 pesetas [1.200 euros] hace 40 años . Él fue quien interpuso la primera denuncia en España. Ha visto su caso archivado tres veces y ahora va a proseguir su pelea por la vía civil. “La justicia no tiene interés en aclarar un escándalo que afecta a miles de personas. Es incomprensible que se hayan archivado tantas denuncias”, se lamenta, a la vez que exige un mayor compromiso del Gobierno y ayudas económicas para las asociaciones de damnificados.

A pesar de las dificultades y el desgaste que les supone, miles de hombres y mujeres están resueltos a proseguir la batalla en pos de sus orígenes. Cueste lo que les cueste.