La Generalitat valeniana y Barberá se desentienden del saqueo de Emarsa

Cuanto más avanza el caso Emarsa, en el que se investiga el metódico saqueo al que fue sometida la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia, más quema. Después de varias semanas tratando de evitar toda mención al asunto, ayer la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el Consell, por boca de su consejero de Hacienda, José Manuel Vela, abordaron la cuestión para tratar de eludir responsabilidades en el escándalo.

“Yo no tenía nada que controlar”; “la que tiene que actuar es la justicia”, declaró Barberá, que añadió que cada vez que abre el periódico tiene “la misma sensación que tiene todo el mundo con estas noticias”. El consejero de Hacienda afirmó que Emarsa no dependía de la Generalitat y agregó que no conocía “para nada” a la entidad, que fue exprimida hasta la quiebra después de haber costeado toda suerte de caprichos a sus directivos, varios de ellos cargos del PP.

El voluminoso sumario arroja, sin embargo, numerosos interrogantes que apuntan tanto al Palau de la Generalitat como al Ayuntamiento de Valencia. El gerente Esteban Cuesta, imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios, que ya ha admitido ante el juez una parte de las irregularidades, contaba con la suficiente confianza por parte de Barberá como para que esta lo nombrara alcalde pedáneo de Benimàmet; para seguir pagándole durante años los correspondientes emolumentos como tal pese a que su contrato de gerente en Emarsa le exigía desde 2004 dedicación exclusiva, y para que el PP de Valencia lo mantuviese, haciendo caso omiso de los muchos indicios que pesaban contra él, como dirigente local del partido hasta que nueve días antes de las elecciones del 20N la dirección regional de la formación decidió puentearla y fulminarlo.

Rus sugirió hace un mes que Emarsa era un problema del Ayuntamiento

En la web del PP de la ciudad de Valencia, que no es más que una pestaña de la página www.ritabarbera.com, seguía figurando ayer Esteban Cuesta como presidente del Partido Popular en el distrito de Poblats de l’Oest de la ciudad.

Tampoco parece probable que la alcaldesa no tuviera ningún papel en el nombramiento de Cuesta, que carecía de cualquier formación para el cargo, como gerente de Emarsa. El Ayuntamiento de Valencia dispone por sí solo casi de mayoría (45% de los votos) y el PP de una ventaja aplastante en la asamblea metropolitana que controlaba la sociedad pública. Prueba de ese poder es que los dos presidentes de la entidad que precedieron a Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, también imputado en la causa, fueron dos hombres fuertes del equipo de gobierno de Barberá desde hace 20 años: Vicente Jurado, concejal de Iluminación, y Silvestre Senent, concejal de Hacienda.

Tanto Cuesta como otros acusados han declarado ante el juez que alguna de las empresas y varios de los directivos ahora investigados por haber participado en el saqueo, que podría superar los 30 millones de euros, ya trabajaban para Emarsa desde los años noventa, la época en que los dos hombres de Barberá estaban al mando. La investigación judicial solo abarca, sin embargo, el periodo 2004-2010, y Senent dejó de presidir Emarsa en 2002.

El juez imputa a Eva María Marsal y a Vicente Tomás Benlloch

El juez instructor, Vicente Ríos, ha llamado a declarar como testigos a otros dos cargos del PP de la ciudad de Valencia: Santos Peral, exdirector de contabilidad de Emarsa y secretario general del PP en el distrito de Patraix; e Ignacio Martínez, exdirector de compras de Emarsa y secretario general del PP en el distrito de Trànsits. Dados los puestos que ocupaban y los precedentes en la instrucción de la causa, no puede descartarse que ambos terminen igualmente imputados.

El último detalle que apunta hacia el Consistorio lo ofreció hace un mes el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, cuando sugirió que el caso Emarsa era un problema del Ayuntamiento de Valencia.

Las dudas respecto a la actuación del Consell provienen de Epsar, su entidad de saneamiento de aguas, que era la que aportaba directamente los fondos a Emarsa. Durante los años en que se produjo el saqueo, la inyección económica de la Generalitat a Emarsa se multiplicó por tres sin que el volumen de agua depurada creciera de forma apreciable. El exgerente y el exjefe de medioambiente en la depuradora han declarado, además, que fue Epsar quien en esa misma época impuso a Emarsa la contratación de una de las principales empresas sospechosas de haber participado en el fraude, Notec. Y que fue la entidad del Consell la que estableció, asimismo, que se le pagase una cantidad desorbitada por cada tonelada de lodo tratada.

El juez también ha citado a declarar como testigo al exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, y a otro directivo.

Ayer siguió declarando ante el juez Sebastián García, que era proveedor y a la vez actuaba como jefe de informática de Emarsa. El juez le preguntó cómo era posible que la sociedad pública, con 32 puestos informatizados, comprara en tres años y medio 200 impresoras y 393 monitores. García afirmó que el material informático se estropeaba rápidamente porque había subidas de tensión y filtraciones por lluvias, y porque la planta depuradora estaba llena de “roedores”.